El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al expresidente Alberto Fujimori por Navidad ha comenzado a tener sus primeras consecuencias, en forma de renuncias de funcionarios y congresistas, y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.

Dos días después de que se anunciara la medida presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

En sus cartas, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori "no calificaba para la concesión de un indulto humanitario", mientras que Sánchez señaló que le resulta "insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas".

Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.

Aprodeh hizo la solicitud como representante de las víctimas de La Cantuta, uno de los casos por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.

En 1992, el grupo militar encubierto Colina entró en los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se volviese a saber de su paradero.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó de que se ha hecho llegar un informe a la Corte IDH sobre el "ilegal indulto" al exmandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.

En medio de ese clima, este martes Fujimori pidió perdón, en un vídeo colgado en Facebook, por haber "defraudado" a una parte de sus compatriotas durante su Gobierno (1990-2000) y agradeció el indulto.

En un mensaje televisado, Kuczynski calificó el lunes de "errores" los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que "se actuó con veracidad y apego a las normas" en el proceso de indulto.

En un comunicado oficial, el ministerio aseguró que en la decisión "se respetó la atribución constitucional del presidente para conceder el indulto humanitario y el derecho de gracia".

La Comisión de Gracias Presidenciales llegó a la conclusión de que el exgobernante es "una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable" y que las condiciones carcelarias colocaban "en grave riesgo su vida, salud e integridad", por lo que recomendó la medida por razones humanitarias.

Fujimori no obstante tenía una celda con todas las comodidades para no agravar su salud, aseguró a Efe la congresista Indira Huilca.

La parlamentaria del izquierdista Nuevo Perú, que visitó la celda de junto a su compañera Marisa Glave después de que se diera el indulto, constató que el exmandatario disponía de tres ambientes equipados con una cama ortopédica regulable, un tanque de oxígeno, televisor, teléfono, cocina y una biblioteca.

"Son espacios de excepción para un reo en nuestro país", afirmó Huilca en referencia a las precarias condiciones carcelarias de los presos en Perú.