El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por cinco delitos de asesinatos terroristas, entre ellos el del sacerdote Ignacio Ellacuría, y crímenes de lesa humanidad. Todos ellos cometidos, presuntamente, en 1989 en El Salvador.

Montano, de 74 años, ha pasado a disposición del magistrado tras ser entregado el miércoles por Estados Unidos a España; la prisión ya fue decretada, de hecho, en 2011. Montano ha sido trasladado a la Audiencia en ambulancia y ha comparecido ante el juez en silla de ruedas, según fuentes presentas en la vista. La fiscal y las acusaciones particulares y populares han pedido prisión.

Este uno de los pocos casos de justicia universal que siguen abiertos en España después de la última reforma legislativa impulsada por el PP, que ha forzado a los jueces al archivo del resto.

En el auto, el juez dice que hay un "evidente riesgo de fuga" y afirma que Montano participó "activamente en la decisión y el diseño del asesinato" de cinco sacerdotes jesuitas españoles: además de Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno.

De hecho, fueron asesinadas tres personas más, que no están en esta causa al no ser españolas. El juez asevera que Montano "estaba presente" en la reunión en la que el coronel Emilio Poce dio "la orden al Coronel Guillermo Alfredo Benavides" de asesinar "concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos" y hacer uso, para ello, del comando del Batallón Atlacatl.

Montano, relata además el auto, "tenía  a su cargo Radio de Cuscatlán", emisora oficial del Estado, "que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra Ellacuría y los jesuitas a los que se acusaba de ser terroristas y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional".

Las pruebas que apoyan todo esto, según el juez, son testificales y documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE UU, la CIA, el Departamento de Defensa y el informe final de la llamada Comisión de la verdad para El Salvador. El abogado defensor del excoronel ha reclamado su puesta en libertad o, subsidiariamente, que se le ingresara en un centro hospitalario, alegando que está convaleciente de un cáncer de próstata.

La justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -antes titular del juzgado al que pasa hoy el exviceministro de Defensa salvadoreño- consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y, por eso, reclamó la extradición de los acusados.

Sin embargo, pese a que el juez Velasco volvió a pedir su entrega a España en 2016, ninguno de ellos había sido extraditado todavía, en tanto que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dejó sin efecto esas órdenes de captura.

Montano ha esperado durante más de dos años la decisión final sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE.UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza.