Organizaciones sociales denuncian el internamiento de 500 inmigrantes en una cárcel

La cárcel de Archidona, en Málaga, habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional.
La cárcel de Archidona, en Málaga, habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional.
Carlos Díaz / EFE
La cárcel de Archidona, en Málaga, habilitada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional.

Organizaciones sociales, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo o la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, han denunciado como una "práctica absolutamente ilegal" el internamiento de medio millar de inmigrantes en el Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga.

La Delegación del Gobierno de Murcia anunció este martes que la futura prisión será habilitada como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "provisional" para acoger a los 519 inmigrantes argelinos llegados en 49 pateras este fin de semana a la región, ante la falta de capacidad de las instalaciones, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios.

En un comunicado conjunto, el colectivo ha calificado al suceso de "una gravedad sin precedentes" y han manifestado su intención de presentar una queja al Defensor del Pueblo, al tratarse, en su opinión, de una decisión que "carece de todo respaldo legal".

El documento, firmado por 22 asociaciones de derechos humanos, principalmente de Andalucía, recalca también que "la ley impide que los CIE tengan carácter penitenciario".

Las organizaciones critican al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y dicen no entender que haya dado "el visto bueno para esta operación". Exigen al Ministerio de Interior que "rectifique de manera inmediata" la decisión.

En el texto se pide el cierre de los CIE y que, en su lugar, se habiliten "dispositivos de acogida para personas que solo buscan un futuro mejor".

"No son delincuentes"

En la misma línea se ha posicionado el PSOE, que igualmente califica de ilegal la decisión del Gobierno. Los socialistas recuerdan que las personas que llegan a España en pateras "no son delincuentes y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario".

El partido, que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al respecto, recuerda que "tanto las diferentes leyes de extranjería, como el reglamento de funcionamiento de los CIE, aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, 'con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario'".

Los socialistas han calificado de "auténtica barbaridad" esta medida y han asegurado que "vulnera derechos fundamentales". Recuerdan además que "el centro no estaba en funcionamiento, ni había fecha concreta para poder abrirlo" y demandan información sobre los módulos qué se van a poner en funcionamiento para atender a los inmigrantes ingresados.

El PSOE también quiere saber hasta cuándo se mantendrá el internamiento y cuántos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a destinar para atenderlos, así como "si estas personas van a ser sometidas al tratamiento propio de los centros penitenciarios y qué tipo de personal va a trabajar en esta prisión mientras se encuentren en ella las personas inmigrantes mencionadas".

Unidos Podemos por su parte ha considerado el traslado una "violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE". La portavoz del grupo, Irene Montero, ha censurado que "meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno".

La senadora Maribel Mora ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "para que explique en sede parlamentaria" la decisión del traslado y ha registrado una batería de preguntas "para que el Gobierno ofrezca explicaciones ante una decisión que ha alarmado a la sociedad civil"

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