El Santander ha trasladado a los representantes de los trabajadores que parte de la plantilla de Popular en las oficinas de la calle Orillamar, en A Coruña, se verá afectada por la externalización, de modo que pasará a una de las empresas del grupo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

En concreto, se trata de trabajadores de la unidad de desarrollo tecnológico (que en total son 29), que, de cumplirse lo estipulado en esta fase inicial de las negociaciones, pasarían a la empresa del Santander de tecnologías y operaciones.

Con todo, la dirección ha comunicado que no contempla para A Coruña la movilidad forzosa, de modo que "Orillamar no cierra" y quedará adherida al Santander, si bien con un número diferente de empleados, al término de la negociación.

El banco ha entregado este jueves la documentación que es requisito legal en el inicio del periodo oficial de las negociaciones del expediente de regulación por la integración de sus servicios centrales.

EXIGEN "BUENAS CONDICIONES"

Según las fuentes consultadas, la entidad ha afirmado que estudiará rebajar la edad de las prejubilaciones, establecidas inicialmente a partir de los 58 años.

Esta es una de las principales reivindicaciones de UGT, que aspira a que las salidas sean mayoritariamente voluntarias y "con buenas condiciones", según ha explicado el representante de Pastor en la central, Javier Castro.

Para toda España, según lo comunicado la semana pasada, la entidad financiera plantea 1.580 despidos y, a mayores, otras 585 recolocaciones en otras compañías del grupo.

En el caso de la comunidad gallega, los centros afectados del Popular serán el Cantón y Orillamar en A Coruña y Praza de Vigo en Santiago (donde trabaja una plantilla de unas 10 personas dedicadas a negocio inmobiliario e impagos).

En la capital herculina, en sus oficinas de la calle Orillamar, funcionan cuatro departamentos diferenciados: uno de apoyo administrativo, con 36 trabajadores; un centro de posfirma hipotecaria, con otras 39 personas; uno de desarrollo tecnológico, con 29; y un último de gestión de operaciones de activo, con 53. En total, 157 empleados, según las cifras que aportan los sindicatos.

La CIG, que fue excluida del proceso negociador este lunes junto con las organizaciones ELA y LAB, ya ha hecho un llamamiento a una nueva movilización frente a los Cantones para el próximo jueves, 23, coincidiendo con la fecha en la que han vuelto a ser convocados los representantes de los trabajadores.