Pasadas las 21.00 horas del martes, se ha reanudado el juicio para escuchar la lectura del fallo por parte del portavoz del jurado.

En concreto, declara al acusado culpable de matar "intencionada y voluntariamente" a su compañera sentimental y a su actual pareja "de forma sorpresiva, sin que tuviesen posibilidad de defenderse" aprovechando el lugar boscoso en el que se encontraban a esas horas de la madrugada.

Asimismo, considera "hechos probados" que Arturo mantenía un comportamiento "posesivo, controlador y violento" con Beatriz, a la que vigilaba de manera continua por diferentes vías y medios.

En su fallo, el jurado recoge algunos de los testimonios aportados durante la vista oral, en los que se declaraba que el acusado había dicho que Beatriz "o era para él o no era para nadie" y también "que mataría si no estaba con él". Asimismo considera "probado" que el ahora condenado era un tirador experto en el manejo de armas de fuego.

También, por mayoría de 8 miembros del jurado a favor y uno en contra, consideran probado el estudio de la Guardia Civil sobre el teléfono del acusado, que se activó en varias antenas repetidoras de Arbo, entre ellas una muy próxima al lugar en donde aparecieron los cadáveres y que los teléfonos de Arturo y Beatriz se conectaron, a través de un mensaje de WhatsApp, "a la misma hora, minuto y segundo" a la misma antena repetidora.

Finalmente, que ya a las 5.13 horas, "cuando Beatriz ya estaba muerta", su teléfono se volvió a activar y conectó con una antena cercana a Padrenda, donde vivía el acusado. Así, el jurado considera que Arturo dispuso de "tiempo suficiente" para abandonar el lugar donde cometió el crimen y "deshacerse de las pruebas" incriminatorias, incidiendo en su "falta de colaboración" desde el inicio de la investigación del caso.

El fiscal mantuvo su petición de 23 años de prisión por cada asesinato, una pena que eleva a 50 años la acusación particular. Asimismo,

solicitó que un mínimo de 40 años sean de cumplimiento efectivo de la condena.

Además, también solicitan la imposición de una indemnización para las familias de la víctimas atendiendo a los baremos señalados en la Ley de Responsabilidad Civil, la más destacada es de 300.000 euros para la hija en común que tuvo el acusado con la víctima, de la que solicitan que le sea retirada la patria potestad.