La Guardia Civil se ha presentado este jueves en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lleida con una orden judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la policía catalana en la demarcación durante el 1-O y el volcado del contenido de los teléfonos móviles de dos de sus mandos.

Los agentes del instituto armado han dejado la comisaría en torno a las 23.00 horas, tras casi 11 horas.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los agentes se han personado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también ha solicitado diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos de la policía catalana en la demarcación.

Una vez dentro del edificio de los Mossos d'Esquadra, los efectivos de la Guardia Civil, acompañados por un secretario judicial, han procedido a volcar las conversaciones grabadas en la denominada 'centralita de conferencias' de la comisaría, en la que se registran las llamadas por radio de los agentes y las órdenes que les dan desde la sala de mando.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez ha oficiado a la Guardia Civil para que acceda a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la región de Ponent de los Mossos d'Esquadra con motivo del 1-O, desde las últimas horas del sábado 30 de septiembre hasta las primeras horas de la mañana del lunes 2 de octubre.

El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación, una de las que se han abierto en una veintena de juzgados catalanes sobre la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra dos días después de acudir al edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos en el área de Tarragona y Tierras del Ebro el 1-O, en el marco de una investigación sobre su supuesta pasividad para impedir la votación ordenada en ese caso por un juzgado de Gandesa (Tarragona).

Estas investigaciones judiciales discurren de forma paralela a la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que está imputado por sedición el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a quien la Guardia Civil acusa de pasividad en el asedio que sufrieron los agentes del instituto armado durante el registro de la sede de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado lunes dejó en libertad pero retiró el pasaporte a Trapero, ha ordenado a los Mossos que identifiquen a todos los agentes de la policía catalana que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum del 1-O.

Paralelamente a la diligencia ordenada por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra también han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido para impedir la votación del 1-O.