Agentes de la Policía

Foral, adscritos a la Brigada de Juego y Espectáculos, han finalizado la campaña de inspección de piscinas públicas de la Comunidad foral, realizada en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, dependiente al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Los controles se realizan durante la temporada de baño y tienen como principal objetivo garantizar la seguridad y la salud de los usuarios de las instalaciones, para lo cual los policías forales exigen y comprueban: el contrato o documento acreditativo de que la instalación cuenta con el personal de salvamento y socorrismo legalmente titulado; la existencia de botiquín y la adecuación del mismo; el cierre perimetral de los vasos; la señalización de las profundidades de los vasos; y los sistemas de cierre cuando los socorristas no se encuentran presentes.

Todo ello en cumplimiento de la normativa reguladora: el DF 123/2003, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas de uso colectivo, y el RD 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico sanitarios de las piscinas.

Igualmente se ha comprobado que la instalación cuenta con la documentación y exposición pública de la analítica del agua de cada vaso, que debe realizarse quincenalmente por un laboratorio autorizado y dos veces al día por personal de la instalación.

Durante la campaña de 2017 los policías de la Brigada de Juego y Espectáculos han realizado 101 inspecciones, detectándose 66 infracciones. La más llamativa fue el cierre cautelar de la piscina de Lazagurría porque no se pudo comprobar en el momento del control la capacitación profesional del socorrista, ha explicado en un comunicado la Policía Foral.

Las infracciones más comunes detectadas fueron: la Inadecuada cumplimentación de la documentación, las relacionadas con las instalaciones dedicadas a botiquín, y la exposición de la analítica del agua.

El incumplimiento de las normas de funcionamiento puede llevar aparejadas sanciones de hasta 3.005 euros en el caso de las infracciones leves, de 3.005 hasta 15.020 euros en las graves, y de 15.020 hasta 601.012 euros para las muy graves.

La normativa contempla también la posibilidad de aplicar medidas accesorias, que pueden conllevar el cierre de la instalación por un espacio de tiempo de hasta cinco años. Igualmente se pueden cerrar cautelarmente las instalaciones cuando se detecten alteraciones de los parámetros del agua o por falta de acreditación del personal de socorrismo, medida que está vigente hasta que se subsanan las deficiencias observadas.