Este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado, sin unanimidad por la abstención de Unidos Podemos, el pacto de Estado contra la Violencia de Género que emanó de la subcomisión de Igualdad de la Cámara Baja. Son 213 medidas, jurídicas, sociales y educativas, para erradicar una lacra que se ha cobrado ya 41 vidas de mujeres en lo que va de año.

El presupuesto para la implementación de todas las mejoras es de 1.000 millones de euros, en cinco años. Sin embargo, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado puede dejar sin fondos este ambicioso pacto, salvo un acuerdo de última hora que consigne los primeros 200 millones.

Con la financiación en el aire, el pacto de Estado, una vez aprobado, irá a Consejo de Ministros y después se dará cuenta a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organizaciones sindicales.

La primera medida en consonancia con el acuerdo ha sido la aprobación de un presupuesto de 15 millones para renovar las pulseras con las que se controla que los agresores rompen el perímetro de seguridad de las mujeres. Los nuevos detectores tendrán tecnología 4G, estarán disponibles en primavera, y permitirán detectar mucho antes las rupturas de órdenes de alejamiento, un quebrantamiento que preocupa a la judicatura y al Defensor del  Pueblo.

Finalmente, el pacto también incorporará como víctimas directas de la violencia de género a las madres de los hijos asesinados por sus padres en venganza por una separación. Su incorporación en el último momento fue solicitada por el grupo socialista en el Congreso, que convenció al resto para que mujeres como Ruth Ortiz, a quien José Bretón asesinó a sus hijos Ruth y José, puedan, por ejemplo, recibir asistencia psicológica. Ortiz asistió en el Congreso a la aprobación del pacto.

Unidos Podemos es el único grupo que planteó la enmienda a la totalidad del acuerdo, por entender que no se adopta una "estrategia integral" contra todas las formas de violencias machistas. Y por falta de "garantías, presupuesto y feminismo". El resto de grupos parlamentarios votaron a favor aunque la oposición presentó hasta 72 votos particulares con todo aquello que echaban en falta:

1. Equiparación a víctimas del terrorismo. Días antes del pacto estatal, la Comunidad Valenciana aprobaba un pacto similar con cerca de 300 medidas para situar la violencia machista como un problema social estructural. El valenciano incorpora la equiparación de las ayudas a las víctimas mortales de violencia de género con las que perciben los muertos por atentados terroristas. Esto implica que las ayudas pasen de los 6.000 euros actuales a 75.000. Esta medida, sin embargo, no entra dentro del plan aprobado hoy, aunque el grupo Compromís solicitó, sin éxito, que se incorporara a última hora.

2. Artículo 416 de la LEC. Varias de las comparecientes en las sesiones de expertos para la elaboración del pacto defendieron la necesidad urgente de modificar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite no declarar a la víctima contra su agresor. La propia Fiscalía propuso mantener esta prerrogativa, excepto en los casos de las víctimas de la violencia de género. El acuerdo ha concretado, sin embargo, seguir debatiendo sobre la reformulación legal, con una nueva comisión de expertos. Desde el estrado la diputada socialista Ángeles Álvarez ha recordado la importancia de este punto.

3. Combatir el machismo. Para el exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, Miguel Lorente, el plan recoge "tantas cosas y tan imposibles", pero es que además "le falta perspectiva para combatir el machismo". El grupo Unidos Podemos también cree que al pacto le falta "visión integral" del problema, que no se identifican correctamente las formas y los ámbitos en los que se da la violencia machista.

Lo que Miguel Lorente lamenta es que se cuestione tanto a las víctimas y pide apertura de miras. "No se puede combatir la violencia de género solo incidiendo en unas cuantas zonas oscuras. Es como si tienes una pared desconchada y solo tapas los desconchados más llamativos. Se mejora, pero eso no hace blanca la pared". En este sentido, el pacto valenciano sí incorpora"la promoción de los valores de las nuevas masculinidades para generar nuevos referentes de hombres", así como la reeducación y reinserción de los agresores machistas. También el PSOE, en uno de sus votos particulares, pedía este jueves que se añadiera una estrategia contra el sexismo. No fue aceptada.

4. Agresiones sexuales: El grupo Unidos Podemos en el Congreso echa en falta un apartado dedicado a las agresiones sexuales fuera de la pareja, a las que les encuentran un claro matiz de género. Aseguran que introducirlas en el pacto de Estado hubiera ayudado a aumentar las denuncias de un tema tabú y por tanto invisible.

5. Plan integral sanitario. Una vez más, el exdelegado del Gobierno Miguel Lorente considera que hace falta un plan de abordaje desde lo sanitario de la violencia de género. "Ponemos las soluciones allá donde no van las mujeres, en Justicia, pero no en Sanidad, que sí acuden y en un 20% más las que sufren violencia machista", dice este experto. Él plantea que desde el ámbito de la medicina familiar se aproveche para sacar este tipo de temas con todas las mujeres que acuden a consulta.

6. Prostitución. Compromís ha considerado que echa en falta prohibir expresamente la publicidad de la prostitución. El PSOE aspiraba a prohibir en España a través del pacto todo proxenetismo, consentido o no por las mujeres, para poder luchar contra la industria de la prostitución.

7. Custodia de los hijos. La Fiscalía en sus intervenciones en la subcomisión insistió en la necesidad de proteger a los menores, alegando que un padre maltratador no puede ser un buen padre. Los operadores jurídicos han de tener formación específica con perspectiva de género, lo que conduce a revisar el tema de los Puntos de encuentro familiar, propuso. El pacto exige que no se de custodia compartida impuesta judicialmente a los maltratadores, pero la Fiscalía, entre otras voces, reclamaba que no se dieran ni visitas, alegando que un maltratador no es un buen padre.

8. Violencia patrimonial. El grupo socialista también ha solicitado la inclusión en el pacto del concepto de violencia patrimonial. En concreto ha solicitado que se defina y se legisle. Y ha propuesto, sin conseguir que se aprobara, la creación de un registro de sentencias por incumplimiento de las pensiones alimenticias.

9. Seguimiento y vigilancia. Algunas voces se muestran concernidas por la vigilancia de la efectividad del pacto. En principio, se va a crear una comisión mixta Senado y Congreso para su seguimiento, del que también se encargará el Observatorio estatal de la Violencia de Género, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para Marisa Soleto, de Fundación Mujeres, "lo importante es que esto no se acabe aquí. La experiencia lo que nos dice que en violencia de género lo que surgen son problemas sobrevenidos, y más que las cuestiones de fondo u otros tipos de violencia que no se incluyen, lo relevante es que se apliquen pruebas de calidad", asegura Soleto. La portavoz de Fundación Mujeres, que estuvo presente en la tribuna de invitados para la aprobación del pacto, reclamó, por ejemplo, que se estudie a los juzgados con altos porcentajes de sobreseimientos. Ve con preocupación cómo algunos jueces no están teniendo en cuenta las denuncias de malos tratos postdemanda de divorcio, por considerarlas de interés espúreo. Como conclusión, respecto al pacto, Soleto dijo que esperaba que las medidas "realmente se cumplan y que conduzcan a los efectos deseados: que las mujeres estén adecuadamente protegidas y se erradique la lacra de la violencia machista".