La fiscal ha destacado este lunes en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra Bruno H.V., conocido como el presunto descuartizador de Majadahonda (Madrid), que el acusado cometió "actos lúcidos y complejos" para tratar de "eludir su responsabilidad" en las muertes de su inquilina y su tía.

Tras más de tres horas para constituir el jurado popular, la vista ha comenzado pasadas las 13:30 horas en una sala completamente abarrotada para proceder a la lectura de los escritos de acusación y defensa, y para la exposición de los informes previos.

La Fiscalía pide treinta años de internamiento para el acusado, al aplicarle "una eximente incompleta por enajenación mental" en relación a las muertes de su inquilina Adriana Giogiosa y de su tía Liria, mientras que la acusación particular no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y solicita veinticuatro años de cárcel, y la defensa la libre absolución.

Bruno H.V. está acusado dos delitos de homicidio, uno de falsedad documental, otro de estafa y uno de tenencia ilícita de armas, por las muertes de su tía en 2010 y su inquilina en 2015, cuyos cadáveres se cree que fueron triturados por una picadora industrial y aún no han aparecido en el vertedero de Pinto, donde la Guardia Civil busca desde hace dos años.

En su intervención, la fiscal ha explicado que no aprecia una eximente completa, como argumenta la defensa, porque "la dinámica de los hechos apunta a un intento real de eludir su responsabilidad" pese a tener una enfermedad mental, por las acciones que realizó tras presuntamente matarlas para ocultar las muertes. Al respecto ha mencionado la sociedad que creó para apropiarse del dinero de su tía, la carta que envió al trabajo de Adriana Giogiosa haciéndose pasar por ella para decir que lo dejaba, los mensajes enviados desde su móvil a amigos y allegados sobre que estaba de viaje por Europa y la desaparición de los cuerpos.

"Todos son actos lúcidos y complejos", ha aseverado la fiscal que sustituye la pena de veintiséis años de prisión por treinta años de internamiento en un centro adecuado para que le traten médicamente su patología. Y dirigiéndose al tribunal del jurado les ha recordado que la clave aquí es "determinar el estado mental del acusado en el momento de los hechos", como también ha insistido luego la acusación particular que, al contrario que la Fiscalía, sí pide prisión.