El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto Real (Cádiz) decretó en un auto, como medida cautelar, el cierre temporal del centro de acogida de animales situado en la localidad puertorrealeña, así como la inhabilitación especial del veterinario para el ejercicio de su profesión y de cualquier otra relacionada con animales domésticos.

En el auto, la juez señala que las diligencias practicadas "ponen de relieve la existencia de indicios suficientes" de que pudiera haber un delito de maltrato "con ensañamiento y de forma injustificada" de animales.

Por su parte, la Asociación El Refugio, que fue quien denunció los hechos y se personó como acusación, afirmó que el auto "es un gran paso adelante en la protección animal" y añadió que aplaude "cada párrafo del auto".

Asimismo, señaló que con este auto los ayuntamientos de la provincia que todavía tienen contratos con la perrera tienen la oportunidad de cancelarlos, por lo que la asociación señaló que se pondrá en contacto de nuevo con ellos para hacerles llegar la documentación necesaria para que cancelen los contratos.

La asociación recordó que durante el año 2007 "según datos oficiales" reflejan un total de 566 perros y gatos sacrificados supuestamente con el paralizante muscular Mioflex. Según El Refugio, "son sólo los datos oficiales, los reales podrían ser mucho mayores, ya que podrían no estar reflejados los animales que han sido llevados por sus propios dueños a sacrificar".

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