El equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz llevará al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Marbella, una nueva ordenanza municipal sobre Protección de los Espacios Públicos impulsada por la delegación de Vía Pública. Entre los aspectos novedosos de la ordenanza, destaca la inclusión de un principio de convivencia y solidaridad que regula la emisión de ruidos en los coches; la prohibición expresa tanto del abandono de animales, así como la venta y abandono de vehículos en la vía pública.

Las sanciones económicas pueden ascender hasta los 750 euros en el caso de las conductas leves, entre 750 y 1500 euros en las graves y entre 1500 y 3000 euros en las muy graves. En el caso de los menores, serán los progenitores o tutores los que deban de asumir el pago de la multa.

Además, ante la gran proliferación de vallas publicitarias en el municipio y la consecuente contaminación visual, Vía Pública abre un plazo de un mes para que todas las empresas instaladoras de vallas certifiquen su autorización ya que, de lo contrario, "estarán obligadas a retirarlas", explica la responsables del Área, Alicia Jiménez.

Una de las principales novedades del texto es la posibilidad de que el infractor pueda elegir entre la sanción meramente económica y la realización de trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Se trata, ha afirmado la primera teniente de alcaldesa de Marbella, Francisca Caracuel, "de frenar el deterioro del comportamiento cívico y mejorar la convivencia".

La iniciativa, aunque en principio se planteaba exclusivamente para los menores, se extiende a todos los autores que cometan por primera vez una infracción. En este caso, el expediente sancionador se paralizará y se ofrecerá al infractor esta doble alternativa. En caso de reincidencia, y en función de la gravedad de la conducta, el Ayuntamiento decidirá si la sanción se limita al pago de una multa, excluyendo la posibilidad de poder optar por la realización de trabajos sociales.

En definitiva, el nuevo documento modifica la ordenanza del año 96 y pretende fomentar las conductas cívicas, proteger los bienes y espacios públicos, corregir actuaciones incívicas y rehabilitar a los infractores, según argumenta el Consistorio.

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