El ministro precisó que actualmente la edad media de los 540.000 trabajadores de la Administración General del Estado es de 47 años y que el plan de prejubilaciones podría aplicarse a los empleados de entre 58 y 64 años -unas 25.000 personas-.

Sevilla aseguró que este plan es necesario no porque la Administración sea "demasiado grande" y reseñó que "no es un problema de tamaño sino de reordenar edades, cualificaciones y la ubicación geográfica" del personal de la Administración General del Estado.

La posibilidad de que los funcionarios puedan jubilarse anticipadamente es, según el ministro, una demanda de los sindicatos que se enmarca en un "esquema de jubilación flexible" y que pretende acabar con la discriminación de este colectivo frente a los trabajadores de la empresa privada.

Respecto al coste del plan, dijo que el Ministerio ha hecho cálculos aunque hasta que no se cierre la negociación con las comunidades autónomas y sindicatos no se conocerá el coste final.

El conjunto de las Administraciones Públicas suma 2,3 millones de trabajadores de los cuales, el 53,10 por ciento forma parte de la administración autonómica (1,25 millones de empleados), el 23,90 por ciento de la local (563.000 personas) y el 23 por ciento restante en la administración central (540.000).

Sobre esta última, explicó que está "relativamente envejecida", ya que la mayoría de los empleados públicos tienen entre 40 y 49 años, seguidos de los de 50 y 59 años, a la vez que sólo el 66 por ciento del personal de la administración central es funcionario de carrera.

Además la mayor parte de los empleados de los grupos C y D (los niveles de menor cualificación) son mujeres y que los puestos de categorías superiores y de carrera (grupos A y B) están ocupados por hombres, un aspecto que debería equilibrarse.

Una administración de estas características, dijo Sevilla, obliga a hacer un "esfuerzo de adecuación" para aumentar la eficacia de la AGE que debe "ponerse a la cabeza de los compromisos de Lisboa" y repercutir en la mejora de la productividad.

Con esos objetivos, subrayó, la administración debe "cambiar sus procedimientos, abandonar el 'vuelva usted mañana' y aumentar la coordinación entre las tres administraciones, porque todas las Administraciones Públicas tenemos el mismo cliente".

A partir de ahora, explicó, los trabajadores de las tres administraciones tendrán que acostumbrarse a trabajar con servicios comunes y a abandonar el funcionamiento actual en el que los Ministerios eligen a la carta su nivel de desarrollo.

Con este objetivo, recordó, se creará la Agencia de Evaluación de los Servicios Públicos, que actuará como una auditora de las Administraciones Públicas para aumentar controlar el gasto y, sobre todo, para mejorar su eficacia.

En ese sentido, avanzó que el proyecto de ley de Agencias será aprobado este mismo mes por el Consejo de Ministros para no retrasar más su tramitación parlamentaria. Paralelamente, el Ministerio de Administraciones Públicas seguirá trabajando para aprobar el Estatuto del Empleado Público y para mejorar los servicios a los ciudadanos a través de programas como el 'Plan Conecta' que, entre otros objetivos, incluye la implantación de los primeros DNI electrónicos a finales de año, según Sevilla.

"Querría que las Administraciones Públicas fueran vistas con simpatía, como elementos de ayuda, colaboración y simplificación y no como un obstáculo de tiempo, colas y trámites excesivos", dijo el ministro, y ello "exige decisiones clave y apostar por todos estos cambios para que el resultado final sea mejorar la productividad y los servicios que se prestan al ciudadano", subrayó.

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