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El Gobierno activa un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto de El Prat

De la Serna
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
  • En las primeras 24 horas el árbitro podrá ser instaurado a partir de un acuerdo entre Eulen y el comité de huelga.
  • Una vez elegido, se abre un plazo de diez días para la resolución.
  • El comité de huelga rechaza la medida por considerarla "ilegal".
  • El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido la postura del Ejecutivo, que ha tenido como único objetivo "garantizar la seguridad de los ciudadanos".

El Gobierno ha decidido este miércoles, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, establecer un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto que sigue abierto con la huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En rueda de prensa, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha aclarado que el árbitro podrá ser elegido en las primeras 24 horas a partir de una acuerdo entre Eulen y el comité de huelga.

De no ser así, en las siguientes 24, será el Ejecutivo quien determine a la persona, no sin antes poner su nombre en conocimiento de las partes del conflicto. Una vez se decida esa parte, el acuerdo tendrá un plazo de diez días para cerrarse y para que se puedan presentar las alegaciones.

Esta medida ha sido rechazada por el comité de huelga de Eulen, que la considera "ilegal".

El titular de Fomento quiso aclarar que "la entrada del Gobierno en las negociaciones se produjo una vez que la mediación de la Generalitat había fracasado". Y es que desde el Govern se ofreció una posibilidad intermedia que fue rechazada en dos ocasiones por la empresa en asamblea.

Una vez conocida esa decisión, el Ejecutivo optó por dos medidas: la primera, un refuerzo del personal de la Guardia Civil en el aeropuerto para "asegurar la seguridad pública", en palabras del propio De la Serna. Y la segunda, el laudo arbitral que ya ha sido aprobado. Todo ello, aclara, se ha establecido "respetanto en todo momento el derecho a huelga".

Además, De la Serna ha indicado que, ante las peticiones formuladas por los sindicatos, el Consejo de Ministros ha sugerido la creación de un grupo de trabajo con la participación del Gobierno sobre el sector de la seguridad privada.

Este grupo de trabajo abordará cuestiones como la formación, la calidad del servicio, las condiciones laborales o las salariales.

La "voluntad" es comenzar a trabajar en "unos días" para constituir estos grupos de cara a establecer este marco general que, ha insistido, no sustituirá la negociación sectorial.

El PSOE muestra su rechazo

El PSOE no ha tardado en expresar su disconformidad con respecto a esta medida. Según el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, el Gobierno se ha empeñado en "criminalizar a los trabajadores".

"El arbitraje con este laudo no deja de ser una forma de imposición; ¿cuántos laudos ha habido y cuántos laudos piensa establecer el Gobierno en los conflictos que surjan? El problema es la explotación laboral", ha señalado Ábalos, que ha calificado de "autoritaria" la postura adoptada por el Ejecutivo.

El Gobierno tiene estudiadas todas las vías de actuación sobre el 1 de octubre

Sobre el posible referéndum en Cataluña, Méndez de Vigo, ha apuntado que "el Gobierno tiene estudiados todos los escenarios y todas las vías de actuación previstas en el ordenamiento jurídico" para impedir la consulta "ilegal".

Ha aclarado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está "tranquilo" en este sentido porque "la razón está de su parte".

El ministro de Educación y portavoz gubernamental no ha querido pronunciarse respecto a la posble aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana.

Méndez de Vigo ha insistido en su idea de que esa consulta secesionista ilegal es "un referéndum sin", porque no tiene convocatoria, ni censo, ni urnas, ni papeletas, ni apoyo internacional y ahora tampoco tiene calendario, después de que se haya aplazado la calificación por parte de la Mesa de la Cámara.

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