La plataforma ciudadana Tanquem els CIE ha denunciado, juntamente con el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, las agresiones que sufrieron dos internos a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.

La denuncia, presentada el domingo ante el juzgado de guardia de Barcelona y que la plataforma ha hecho pública este lunes, describe un delito leve de lesiones, además de un delito contra la integridad moral por parte de un funcionario público, con los agravantes de "haber ejecutado los hechos por motivaciones racistas" y haber ejercido "un abuso de superioridad" desde la posición de funcionario.

El escrito relata los hechos, que comenzaron el pasado 26 de julio cuando un policía agredió a uno de los internos del centro, de 19 años y origen argelino, lo que provocó una huelga de hambre por parte de unos 50 internos en el patio del centro al día siguiente.

Según denuncia la plataforma, la mañana del día de la huelga otro interno fue llamado por uno de los jefes del cuerpo, que lo condujo a "un espacio sin cámaras de videovigilancia" acompañado de otros cuatro agentes y, después de gritar "muy fuerte en castellano", le propinó "un bofetón muy fuerte con la mano abierta en el lado izquierdo de la cara".

Un compañero que salía de una de las salas de registro, y que fue llamado por el mismo policía para traducir al otro interno lo que decía, habría confirmado los hechos.

La plataforma también ha explicado que la mitad de los internos que hacían la huelga, incluyendo compañeros que vieron cómo el policía se llevaba al agredido, fueron expulsados del centro al día siguiente.

El interno, explica Tanquem els CIE en la denuncia, visitó el servicio sanitario del centro a raíz de la agresión y presentó una queja al director, el cual "dijo que el agente le pediría perdón, pero de momento no lo ha hecho".

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han asegurado que no se ha producido ninguna agresión a internos del centro y que ninguno de ellos ha requerido atención médica.

Los denunciantes han pedido al juzgado que suspenda cautelarmente la expulsión del agredido, así como de las personas que fueron testimonios de los hechos, y que se les tome declaración a ellos además de a los agentes de policía que puedan haber estado implicados.

También han solicitado que se faciliten imágenes de las cámaras de seguridad, que un médico forense examine al agredido, y que el servicio sanitario del centro presente la documentación médica relacionada con el hecho denunciado.