El Gobierno de Venezuela anunció este martes que evaluará las relaciones con Estados Unidos y activó un "Consejo de Defensa" para responder a la "amenaza imperial", mientras el Parlamento, en poder de la oposición, acordó renovar los poderes públicos, crear las condiciones para "elecciones libres" y promover la "transición".

Asimismo, la Asamblea exhortó a las Fuerzas Armadas a "no colaborar" con el cambio de Constitución que impulsa el Gobierno y, por el contrario, defender la Carta Magna.

Entretanto, los venezolanos salieron este martes a cortar las calles con barricadas de basura para manifestarse en contra del Gobierno, una protesta espontánea que no fue convocada, al menos formalmente, por los dirigentes opositores.

El Gobierno de Nicolás Maduro inició un proceso de revisión "profunda" de sus relaciones con EE UU, después de que la Casa Blanca amenazará al país con "fuertes y prontas" sanciones económicas de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el chavismo para cambiar el actual ordenamiento jurídico.

El ministro de Exteriores, Samuel Moncada, dijo que la instrucción fue dada por el jefe de Estado y calificó de "insolente amenaza" las declaraciones de EE UU.

La Administración de Donald Trump emitió este lunes un contundente comunicado en el que reconoce la consulta opositora del domingo y emplaza al presidente Maduro a "no ignorar" esta "inequívoca afirmación de apoyo a elecciones libres y justas" y a "retirar la propuesta" constituyente.

En respuesta, Maduro activó este martes el Consejo de Defensa de la Nación para "responder integralmente la amenaza imperial". Según la Constitución venezolana, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico.

Este órgano está conformado por el presidente, los jefes de todos los poderes públicos y el gabinete de ministros, y le corresponde "establecer el concepto estratégico" del país.

Altos funcionarios del Gobierno de EE UU ha informado de que la Casa Blanca está trabajando sobre la imposición de sanciones económicas "robustas" contra Caracas, como consecuencia de la convocatoria de Asamblea Constituyente.

"Todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están siendo debatidas", aseguraron las mismas fuentes en una llamada telefónica con periodistas, en la que se negaron, no obstante, a especificar si las sanciones irán dirigidas a miembros del Gobierno venezolano o serán más amplias.

Preguntados por la posibilidad de que EE.UU. decida prohibir las importaciones de petróleo venezolano a suelo estadounidense, los funcionarios no descartaron esa opción. "El presidente nos ha dicho que consideremos todas las opciones [...], y todas las opciones están siendo debatidas", insistieron.

"Entendemos que estamos trabajando con opciones que van a tener consecuencias, no solo en Venezuela, sino que también podrían tenerlas en Estados Unidos", añadieron.

Una suspensión de las importaciones de petróleo venezolano afectaría no solo a las economías de Venezuela y de EE UU, sino que tendría también un impacto inmediato en los mercados internacionales del crudo.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EE UU se mantienen en punto muerto desde finales de 2008, cuando el entonces presidente, Hugo Chávez, expulsó al embajador estadounidense Patrick Duddy al acusarlo de estar involucrado presuntamente en planes de magnicidio.

Entretanto, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuyas decisiones no son reconocidas por el Gobierno, aprobó un acuerdo en el que se compromete a renovar los poderes públicos, crear las condiciones para que se celebren "elecciones libres" y a promover la conformación de un Gobierno de transición.

Los diputados discutieron el informe final sobre el plebiscito del domingo, convocado al margen del Ejecutivo, en el que los ciudadanos fueron consultados sobre si rechazaban la Constituyente, si pedían a la Fuerza Armada acatar al Parlamento y si aprobaban renovar los poderes públicos, llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.

El acuerdo parlamentario destacó que, tras los resultados positivos a la segunda pregunta, "se exige a todos los funcionarios, así como a los integrantes de la Fuerza Armada, sujetar su conducta a la Constitución, desconociendo toda orden contraria a los derechos humanos y colaborando activamente en el restablecimiento de la Constitución".

Además, la Cámara exhortó a las Fuerzas Armadas a "no colaborar" con la Constituyente que impulsa el Gobierno y, por el contrario, defender la Carta Magna.

Tras la celebración del referendo y el anuncio posterior de que la AN inició un proceso para designar nuevos magistrados del Supremo, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, denunció que la oposición está creando "órganos paralelos a las estructuras del Estado".