Los problemas que ha causado el servicio de Renfe en Cercanías afecta directamente a la economía de los ciudadanos. Así lo entiende el conseller de Governació i Administracions Públicas, Joan Puigcercós, que ayer dijo que su ejecutivo evaluará y cuantificará las pérdidas y aconsejó a los ciudadanos que hagan lo mismo.
La Generalitat "prepararà la factura" al Ministerio de Fomento, aunque el conseller admitió que elaborar tal factura cuenta con numerosas dificultades técnicas, por lo que pidió la colaboración de los ciudadanos y empresas afectadas, ya que es evidente que se encuentran con problemas como "la baja productividad o la pérdida de imagen de Barcelona".
Puigcercós pidió que se denuncie ante las Oficinas de Atenció Ciutadana, de la Agència Catalana de Consum o frente a la propia justicia ordinaria.
Manifestación contra el "desprecio" del Estado
En paralelo la Plataforma pel Dret de Dedicidir ha convocado una manifestación unitaria que se celebrará el próximo primero de diciembre, para exigir el traspaso de las infraestructuras a Catalunya ante "el desprecio del Estado". La última convocatoria de esta entidad en una protesta, en febrero de 2006 tras el pacto Mas-Zapatero sobre el Estatut, resultó ser multitudinaria con cientos de miles de asistentes.
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