El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros, 265 millones menos que hasta ahora.

Estas son las claves de lo que se aprueba este jueves y por qué resulta polémico para algunos partidos y para otras comunidades autónomas.

Es el sistema de financiación propio de Euskadi (definido en el artículo 49 del Concierto Económico y en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía) y regula sus relaciones tributarias con el Estado central. Es decir, el País Vasco gestiona su propio sistema tributario. Solo Navarra cuenta con un convenio similar.

Euskadi puede regular 11 de 23 impuestos de forma distinta al Estado español, entre ellos el IRPF, el Impuesto de Sociedades o Sucesiones. Sin embargo, el IVA o los impuestos sobre alcoholes e hidrocarburos forman parte de las contribuciones que no pueden modificar en ningún momento. Las restantes comunidades se regulan por el régimen general: Hacienda recauda y después reparte, al contrario que en los territorios forales.

Surgió en 1878, un par de años después de abolirse de los Fueros. Hasta ese momento las tres diputaciones forales de Euskadi gestionaban sus propios sistemas tributarios, pero con la tercera guerra carlista (1876) se eliminaron los Fueros. Desde entonces el País Vasco recauda y gestiona sus impuestos, excepto durante el Franquismo, puesto que Guipúzcoa y Vizcaya se consideraban "provincias traidoras".

El cupo son los impuestos que Euskadi recauda y que debe pagar al Estado por todas las cargas que no asume, como son las embajadas, defensa, museos nacionales, prisiones, Seguridad Social o los intereses de la deuda pública estatal. En otras palabras, es la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que éste presta en su territorio, más una contribución a los gastos generales.

Cada cinco años se decide en una Comisión cómo se va a calcular dicho 'cupo' durante el siguiente quinquenio.Sin embargo, desde 2007 había desacuerdos en la cuantía que se elevaba a 1.565 millones de euros.

El País Vasco paga el 6,24% de la renta estatal, un porcentaje que se fijó desde 1980 como referencia el PIB vasco sobre el total español. Sin embargo, desde entonces, el PIB de la región ha variado y sus gobernantes piden rebajar el porcentaje del cupo.

La principal, que se fija el cupo base para el año 2017 en 1.300 millones de euros, sin considerar la cantidad derivada de la participación del País Vasco en los créditos presupuestarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El texto determina también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), se mantienen los valores del quinquenio anterior y se introduce en la redacción alguna adaptación técnica para precisar el procedimiento de regularización de flujos correspondientes a los tipos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Respecto al concierto, se modifican los preceptos relativos a grupos fiscales, al impuesto sobre la electricidad y a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF, al tiempo que se adapta la regulación del delito fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal.

Además, en cuanto al Impuesto de Sociedades y el IVA, se atribuye al País Vasco la competencia sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y volumen de operaciones superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior, si han realizado en Euskadi el 75% o más de su volumen de operaciones en dicho ejercicio.

La reforma del concierto y el nuevo cupo son fruto del acuerdo alcanzado en julio en la Comisión Mixta del Concierto Económico, después de que el PNV apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y después respaldasen el techo de gasto para 2018.

Pero coincide con el debate de reforma de la financiación de las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) lo que genera críticas por su "inoportunidad" y porque no se hayan abordado ambas de forma simultánea.

Ha salido adelante con el voto a favor del PP, el PSOE, Unidos Podemos y PNV. Dos partidos se han opuesto, Ciudadanos y Compromís. Se ha abstenido EH Bildu.

Hay dos posturas. La de Ciudadanos, que cree directamente "un privilegio" para que una parte de los españoles paguen menos impuestos que otra. Y luego está la de Compromís, que considera injusto que se apruebe de forma exprés y antes incluso de modificar el sistema de financiación autonómica para todas las regiones. La valenciana, de hecho, es una de las peor financiadas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explica el voto a favor de su partido porque "no se puede bloquear la financiación de una comunidad", pero pide al Gobierno que no se olvide de las otras dieciséis regiones. La celeridad con que se tramitará ha despertado los celos en las autonomías gobernadas los socialistas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla-La Mancha), que sienten que están injustamente financiadas.