"Todo empezó con una petición a finales del año pasado", cuentan los vecinos de un edificio de 25 viviendas del barrio madrileño de Arganzuela. Los herederos del inmueble en el que viven, tras fallecer las dueñas, decidieron venderlo. Y una de las empresas que mostró interés en comprarlo, a través de los administradores del edificio, pidió entrar en cada casa para comprobar su estado.

Los inquilinos, todos en régimen de arrendamiento, accedieron a que entraran. Los antiguos caseros les dijeron que Urbania, la firma interesada en el inmueble, solo quería "renovar y mejorar el inmueble". Pero les aseguraron que como inquilinos no tenían nada que temer; que los futuros propietarios venían de buena fe y que les convocarían a todos a una reunión para saber qué necesidades tenían sus viviendas.

"Ahora nos sentimos engañados porque nada de eso sucedió", cuenta Merche en el salón de su casa, mientras muestra el burofax que el pasado 2 de febrero recibieron ella y su pareja Alberto, ambos de 39 años, apenas dos días después de cerrarse la compra del edificio. El escrito les urgía a marcharse el 1 de marzo, en solo 27 días, un plazo inferior a los 30 que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Asesorados legalmente, rechazaron abandonar el edificio porque consideran que la empresa incumplió el plazo de aviso. "Esa comunicación por burofax, sin mediar palabra, intenta provocar que te sientas un delincuente", dice Merche. "Los primeros días entraba en casa y tenía una sensación extraña, como si fuera culpable de algo. Me puse muy nerviosa. Durante un mes no pude dormir. Sufrí un cuadro de ansiedad y tuve que ir al médico".

Aquel burofax no solo les llegó a ellos. Al resto de inquilinos también les comunicaron inmediatamente su fecha de salida. Algunos deben irse este año. Otros, el que viene. Y algunos incluso en 2019 y 2020. Pero todos saben ya la fecha en la que deben abandonar el edificio.

Los únicos que se han librado son los habitantes de las seis casas de renta antigua que existen en el edificio porque están protegidos por la ley. Pero al resto de los inquilinos, según ellos, nadie les dijo que la intención de Urbania al comprar el edificio era dejar extinguir sus contratos. Este diario contactó este martes con la empresa para recabar su opinión, sin conseguirlo.

Merche y Alberto, en su vivienda del edificio de Arganzuela (Foto: ELENA BUENAVISTA)

"Nosotros llevamos aquí cinco años, tenemos buena relación con los vecinos y jamás hemos dado problemas a la propiedad. Ahora pienso, ¿tan malos inquilinos hemos sido que la primera vez que contactan con nosotros sea con un burofax?", lamenta Alberto. "No nos han tratado como seres humanos. En un mes hemos recibido tres burofaxes. Llegas a un estado de paranoia en el que suena la puerta y piensas que es otro burofax para pedirte que te vayas".

Alberto recuerda que al principio se sentían amenazados, pensaban que era mejor irse y tener una vida normal. Pero dos meses después se sienten más "tranquilos" porque les apoyan sus vecinos y creen que tienen la razón legal y ética. "Una empresa quiere hacer dinero comprando un edificio y no le importó que viviera gente dentro. Nos ven como bichos y nos sentimos coaccionados. En una reunión con nuestros abogados se nos llegó a llamar 'okupas' y nos amenazaron con medidas legales. Es un atropello y no nos da la gana sentirnos atropellados. Nos vamos a quedar a pelear".

Dos plantas más arriba, Guillermo y Natalia, funcionario y periodista, ambos cerca de los 40, tampoco entienden lo sucedido y lo califican como un "arrase inmobiliario". Ellos llevan seis años viviendo en el edificio. Tras asesorarse con abogados, consideran que su fecha de salida es dentro de dos años, no el próximo 6 de abril, como refleja el burofax que les llegó a su domicilio. Las inquilinas de otra vivienda están en su misma situación.

"Aquí se ha generado una situación de pánico y de ansiedad colectiva porque la sensación, salvando las distancias, es de desahucio", estima Guillermo en su domicilio de la quinta planta. Habla de personas a las que les cuesta dormir, de otras muy mayores, de gente en servicios sociales o incluso con discapacidad. A ninguno, dice, se les ha dado la oportunidad de quedarse o de renovar pagando más que ahora.

"En una reunión que nuestros abogados mantuvieron con Urbania les llegaron a decir 'Es que esto son negocios' y que se podía sacar más rentabilidad del edificio. Según ellos lo que pagamos ahora, 860 euros, está por debajo del mercado. Ellos se refieren a los pisos como unidades residenciales, pero para nosotros no son negocios. Es nuestro hogar. Y los anteriores dueños ya les dijeron que éramos una comunidad modélica", dice Guillermo.

Natalia asiente al lado de su pareja. "Es una sensación de enfado, de desamparo e impotencia. No sé si pretenden hacer viviendas turísticas, pero yo he vivido al lado de una y es un auténtico infierno: ruido, gente borracha, llamadas a la policía, una fiesta constante", dice esta periodista de 39 años que cita una tendencia cada vez más habitual en el centro de Madrid y Barcelona y que se va extendiendo como una mancha a barrios más lejanos.

Guillermo, uno de los vecinos afectados, en la puerta de su casa. (Foto: ELENA BUENAVISTA)

Arganzuela es uno de los lugares a los que ha llegado la tendencia y esto le duele especialmente a Guillermo por su cercanía sentimental al barrio. "Mis abuelos vivieron y murieron aquí. Mis padres se enamoraron en estas calles. Y a mí ahora me expulsan de un barrio que mi padre, cuando yo era pequeño, me decía que era de gente obrera. Ahora se piden 1.500 euros por un piso de 70 m2 y dos habitaciones. Si nos echan de esta casa, tendré que dejar mis raíces".

La solución para ambos es cruzar el río e instalarse en Usera o Puerta del Ángel, dos barriadas más alejadas —que castizamente se han apodado como 'Bruclin'— a las que se dirigen ya muchos de los que antes vivían en Arganzuela. Pero Guillermo lamenta que se produzca un dominó de precios. "Allí sí podemos pagar 860 euros por un alquiler, pero estaríamos expulsado más lejos a los vecinos actuales de esas zonas que solo pueden pagar 600 euros".

Su pareja intercede para sugerir un remedio a esta gentrificación y turistificación progresiva que empieza a preocupar en Madrid y en Barcelona. "Esto solo se soluciona legislando: hay que proteger también al inquilino porque se le está criminalizando y se le caracteriza como un destrozacasas", protesta Natalia.

Urbania asegura en su web que el objetivo de la compra del edificio de Arganzuela es llegar a una "demanda joven consolidada laboralmente" y "al turista que busca alojamiento de calidad". En otra adquisición en el distrito Centro puntualizan que la estrategia es "reemplazar los contratos actuales por un esquema vivienda turística" para "aumentar los ingresos por alquiler" y revalorizar el inmueble para su "posterior desinversión". Y es que la rentabilidad actual de la inversión en alquileres es del 9%, bastante superior a la que se ofrece ahora en cualquier otro activos.

La consecuencia es que los alquileres están ya disparados. Su precio creció el año pasado un 15,6% en Madrid, un 16,5% en Barcelona y un 20,3% en Valencia. Los ayuntamientos de estas urbes estudian medidas para contener la turistificación, la escasez de oferta y el auge de la demanda por la recuperación económica.  "Hablar de alquiler hoy significa hablar de una nueva burbuja inmobiliaria", explica en 20minutos Carlos Macías, de la PAH.

Los cinco vecinos de renta antigua, todos por encima de los 80 años, no han recibido burofaxes de salida, pero no están tranquilos. La sombra de la presión (y de las obras en el inmueble) también les quita el sueño. "Te acuestas y te despiertas pensando en lo mismo. Si no es por la pastilla que me receta la doctora, no dormiría por la preocupación y la angustia", cuenta Alejandra, una jubilada de 83 años que vive en el tercer piso del edificio.

Algunos de los vecinos afectados, en los balcones del edificio. (Foto: ELENA BUENAVISTA)

"No he tenido trato directo con los nuevos dueños. Solo me enviaron una carta para decirme la nueva cuenta bancaria para ingresar el alquiler", dice esta mujer que lleva 60 años viviendo en esta casa, que es la misma en la que antes vivían sus suegros, y donde ha residido desde que se casó a los veintipocos. Ahora responde desde su sofá, sentada junto a su perra Vilma, en una estancia llena de retales de su vida.

"Todos mis recuerdos están en esta casa", asegura Alejandra mientras muestra un aparador repleto de fotos familiares, entre ellas las de su marido fallecido hace 23 años. Recuerdos y también dinero, porque en su casa se dejó 70.000 pesetas en poner una puerta blindada, "y un millón y pico" en arreglar las paredes. "Todo eso me lo gasté yo, no lo pagaron los dueños", dice.

Ahora tiene miedo de que la mayoría de los vecinos salgan del inmueble y las obras trastoquen su vida y su descanso. "Sería un desastre. Si van a hacer un número mayor de apartamentos, derribarán muros. ¡Imagine que me hunden y me tiran al piso de abajo!" De momento esperaré porque a una vecina le dicen que las obras empiezan en agosto. Pero no voy a abandonar el edificio. Con 83 años, ¿adónde voy?"

Alejandra tiene una de pensión de 650 euros y cuatrocientos se le van entre alquiler, gastos de portería, antena y obras. Y aún debe pagar la luz y el teléfono. Si llega a fin de mes, es por la ayuda de sus hijas. Cuando le dicen que la nueva propiedad está ofreciendo a algún vecino una casa en otra localización, ella pone condiciones. "Tendría que ser una oferta muy sustanciosa para moverme de mi casa y de este barrio".

Pero a esta viuda no solo le preocupan los recuerdos y las obras. También se apena por un inmueble que aguanta en pie desde los años 20. "El edificio es fuerte. En la Guerra Civil los alemanes bombardearon la fábrica de bombillas Osram de enfrente [ahora es el edificio de la Empresa Municipal de la vivienda] y ni las bombas lo estremecieron. Y que vengan ahora y que metan la piqueta para hacer apartamentos pequeños y para turistas... Es una pena. Una casa así no se puede derribar. Según me cuentan, la fachada la respetarán pero el resto lo van a dejar diáfano".