La jueza de los ERE cita como investigado al obispo emérito de Cádiz por una ayuda de la Junta

La jueza de los ERE cita como investigado al obispo emérito de Cádiz por una ayuda de la Junta

La jueza María Núñez.
La jueza del 'caso de los ERE', María Núñez Bolaños, a la salida de los juzgados de Sevilla. (JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE)

La jueza que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el próximo 25 de abril al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos para que declare como investigado por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del Obispado gaditano.

La Guardia Civil señaló posible tráfico de influencias del obispo, aunque la jueza no especifica delito en su autoAdemás de Ceballos, la jueza cita como investigados, en esta nueva pieza de los ERE, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois. La citación se produce después de que la Guardia Civil le pidiera incluir en los ERE como investigado -antes imputado- al obispo emérito de Cádiz y Ceuta.

La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" del obispo emérito de Cádiz. La jueza, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo y al resto de ex altos cargos, y solo indica que "los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una "intervención directa" con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido, según la Guardia Civil.

Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril de 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE. El 23 de julio de 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la jueza.

Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios", indica la instructora.

Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero de 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la jueza. La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está "dando la impresión" de que los responsables de la Junta de Andalucía buscaran "la redención a través de la intercesión del Obispado".

La magistrada ha abierto otras dos piezas por ayudas concedidas a la Universidad de Sevilla y al Ayuntamiento de San Nicolás del PuertoEsa ayuda se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil. El atestado policial afirma que "no se ha acreditado suficientemente" el carácter excepcional de la subvención, y añade que "hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió".

También reprocha que no consta la relación de beneficiarios en el expediente y que el importe del gasto justificado "sobrepasa" la cuantía de la ayuda concedida, que "pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas".

Otra ayuda a la Universidad de Sevilla

Asimismo, la jueza ha abierto otra pieza para investigar una ayuda de 30.000 euros concedida por la Junta a la Universidad de Sevilla. Y cita a declarar también el 25 de abril como investigados al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; el que fuera técnico de la Dirección de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, y el director de un master unievrsitario Francisco José González.

La magistrada relata que, en esta pieza, se investiga la ayuda concedida "a través" de Francisco José González, director del master en Gestión Integral de Asociaciones sin ánimo de lucro: Fundaciones y ONG, por parte del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, mediante una resolución de ayuda de 20 de septiembre de 2007.

Al hilo de ello, la instructora manifiesta que dicha resolución de ayuda, posteriormente, fue desarrollada y acordada a través del convenio de 30 de septiembre de 2008 firmado por Juan Márquez y Jacinto Cañete, tras lo que se materializó con la orden de pago de la ayuda de 3 de octubre de 2008 firmada por el propio Márquez "con el visto bueno" de Barberá y Diz-Lois.

El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria con cargo a la partida 31L, sostiene en este auto fechado el día 15 de marzo la jueza, que considera que los hechos investigados "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Citan a un exalcalde fallecido

La jueza ha citado a declarar a un exalcalde fallecido en 2014Por último, Núñez ha abierto otra pieza relativa a la ayuda de 871.467,50 euros concedida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla).

En un auto difundido por el TSJA, la magistrada cita a declarar como investigado por esta ayuda el día 25 de abril al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Asimismo, cita a declarar al exalcalde de la localidad Francisco Rodríguez, si bien este falleció en junio de 2014.

El pago de la ayuda se efectuó mediante una transferencia bancaria a solicitud del director de Finanzas del IFA fechada el 28 de julio de 2003 por cuantía de 871.467,50 euros, cantidad que "se invirtió efectivamente en la compra de las fincas para lo que se solicitó". 

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