La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado auto en el que estima el recurso de apelación interpuesto por el concejal vigués Ángel Rivas, contra la decisión de abrirse una pieza separada del conocido como 'caso Hormigón' para investigarle por supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos, y ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones practicadas en su contra.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, "no se ha razonado la concurrencia de ningún indicio del que deducir una patente, clara y vulgar vulneración del ordenamiento" por parte de Rivas, por el hecho de participar en las Juntas de Gobierno en las que se adjudicaron obras a empresas constructoras que, a su vez, compraban el hormigón a la empresa de la que el concejal había sido gerente (Hormigones Valle Miñor).

En concreto, tanto la jueza de Instrucción número 1 de Vigo como la Fiscalía, entendían que el edil socialista supuestamente podría haber cometido un delito al no haberse abstenido en las Juntas de Gobierno en las que se adjudicaron las obras de humanización de las calles Nicaragua, Severino Cobas y Brasil, y apuntaban que Rivas podría tener un "interés personal" en adjudicar dichos trabajos a empresas que eran clientes habituales de Hormigones Valle Miñor.

Sin embargo, la Audiencia ha señalado que no se puede confundir la participación del acusado en la adopción de un acuerdo, sin haberse abstenido (cuestión en la que el tribunal no entra), con la naturaleza del acuerdo adoptado, y que tendría que ser contrario a derecho o arbitrario para poder hablar de prevaricación.

NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

Por otra parte, la Audiencia ha estimado en su auto (contra el que no cabe recurso) que tampoco está acreditada la comisión de una supuesta negociación prohibida, porque para ello debería probarse que el concejal se aprovechó de su función pública para "fines privados".

Así, en su resolución, el tribunal señala que, aunque pudiera ser reprobable éticamente que Rivas no se hubiera abstenido en esas Juntas de Gobierno, lo cierto es que no lo es penalmente, no se ha probado ese "aprovechamiento". Además, ha indicado, tampoco consta que el edil hubiera hecho tareas de asesoramiento profesional a las empresas que concurrieron a esas adjudicaciones públicas.

HECHOS

El llamado 'caso Hormigón' saltó a la luz pública en septiembre de 2014, cuando se conoció la imputación del concejal Ángel Rivas por supuestas irregularidades en la contratación de hormigón a la empresa de la que había sido gerente, y que proveía a varias contratas de obras de humanización en Vigo.

Por otra parte, el gran número de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito -una figura prevista en la ley- vinculados con casi una veintena de obras y actuaciones municipales llamó la atención a la Fiscalía, que entendió que las supuestas irregularidades no estarían solo en la tramitación de esos expedientes sino en la autorización anterior de gastos y adjudicaciones de obras "huérfanas de todo expediente, sin causa de justificación alguna y, en muchas ocasiones, con vulneración de normas esenciales de procedimientos".

A lo largo de este procedimiento judicial llegó a haber más de una docena de investigados, entre concejales y exediles (de varios grupos políticos diferentes), funcionarios y empresarios. Actualmente, siguen investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo los concejales Isaura Abelairas y Santos Héctor Rodríguez; y los funcionarios Álvaro C.C., Francisco G.O. y Jorge M.R..