Rumanía toma las calles contra su Gobierno por despenalizar casos de corrupción

  • Son las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en 1989.
  • Unos 150.000 rumanos piden dimisión del Gobierno por un polémico decreto.
  • En caso de pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros, las acciones serán administrativas y no penales.

Unas 150.000 personas, según la televisión pública de Rumanía, pidieron este miércoles en Bucarest la dimisión del Gobierno socialdemócrata, después de que aprobara este martes un decreto de emergencia que despenaliza algunos casos de corrupción.

La ley ha indignado una ciudadanía cansada de corrupción en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros

Lemas como "Retirad el decreto y dimitid" y "Ladrones" han sido coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otros manifestantes llevaban carteles en los que calificaban al gabinete de "traidor".

Los medios rumanos informan de que unas 150.000 personas también protestaron en otras ciudades del país balcánico, como Timisoara, Cluj o Sibiu.

"No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue (el decreto)", dijo a Efe Florin Toma, uno de los manifestantes.

La concentración discurrió en su mayor parte de forma pacífica, aunque al final se produjeron algunos enfrentamientos entre aficionados radicales de clubes de fútbol de Bucarest con la Policía, que empleo gases lacrimógenos y agua a presión. Esos choques dejaron cuatro heridos, entre ellos dos policías, según informó el Ministerio del Interior.

Robos "menores"

Las protestas se produjeron después de que el Gobierno aprobase un decreto ley por vía de urgencia con el que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros. En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.

El decreto ley del Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu, quien asumió el cargo a principios de mes, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país y ha provocado las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989.

La oposición de centroderecha anunció este miércoles una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional.

También este miércoles, la Comisión Europea se mostró "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.

"Ladrones legalizados"

El líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que no pudo postularse como primer ministro por una condena en suspenso de dos años de cárcel por fraude electoral, será uno de los beneficiados de la normativa, ya que no será juzgado por un caso de corrupción.

Dragnea no tendrá así que responder ante un tribunal en un proceso iniciado precisamente este martes por un caso de corrupción cuando era gobernador de una provincia rumana, puesto que las pérdidas al Estado están valoradas en 24.000 euros. La medida también beneficiará a otros cargos políticos pertenecientes al PSD que están a la espera de juicio.

El ministro rumano de Justicia, Florin Iordache, expresó su malestar ante las protestas y afirmó que está siendo criticado "por algo esencial en una democracia: las leyes las hacen los legisladores".

La ley ha indignado a parte de una ciudadanía cansada de la corrupción en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros. Para el analista Dan Tapalaga, la presión política y social es la única vía de hacer al Gobierno cambiar su decisión.

"La solución pasa por la presión institucional y pública que obligue a retirar el decreto urgente, que ha convertido a Rumanía en una país de ladrones legalizados", explica Tapalaga a Efe.

El periodista Cristian Pantazi, redactor jefe del portal Hotnews, relata que los manifestantes piden que "la Justicia sea independiente, libre, que castigue a los políticos y sus clientes que roban contratos del Estado, distorsionando el mercado, robando sus puestos de trabajo y sus derechos a una sanidad y educación de calidad".

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