La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones y las entidades municipalistas han creado un convenio conjunto que "homogeneiza" la respuesta a la pobreza energética para que las empresas suministradoras que todavía no han accedido a firmar un convenio se sumen a la lucha.

En la presentación del acuerdo este jueves, el conseller de Economía y Empresa, Jordi Baiget, ha afirmado: "El convenio quiere dejar claro que todas la administraciones catalanas vamos de la mano en la lucha contra la pobreza energética. Es una prioridad", por lo que requerirán a las empresas de gas y electricidad que no hagan ningún corte a familias vulnerables.

El convenio contempla que las suministradoras de luz y gas colaboren para afrontar "como mínimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energética, a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas, y creará un canal de trámites único.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha presidido la presentación del acuerdo, ha remarcado la "alianza" de las administraciones catalanas "para continuar empujando a las empresas suministradoras a cumplir la ley" y "erradicar el riesgo de que colectivos vulnerables se vean privados de servicios básicos".

Para Puigdemont esta propuesta común de convenio es una herramienta resultado de la interpelación que se han hecho a sí mismas las administraciones catalanas para buscar soluciones a la situación de pobreza energética y "una interpelación directa a las compañías suministradoras de que cumplan su deber".

"Todas las administraciones catalanas dicen basta ya. Hay que cumplir con la ley, hay que acabar con la pobreza energética y se ha de establecer de una vez por todas la corresponsabilidad de las grandes compañías, que están haciendo miles de millones de beneficios", ha asegurado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Para la regidora, que las diferentes administraciones fueran a hablar con las compañías suministradoras de cómo aplicar la ley 24/2015 aprobada por el Parlament "les daba juego para marear la perdiz e ir poniendo excusas para no cumplir la ley", pero a partir de hoy, con un único convenio, ya no hay ninguna duda sobre la interpretación de la ley. A partir de hoy solo discutimos si se cumple o no con la ley 24/2015 y ponemos un modelo sobre la mesa".

La propuesta común de convenio de las administraciones catalanas contempla que las empresas suministradoras asuman, mediante tarifas sociales, condonaciones de la deuda o aportaciones económicas directas de la mitad del gasto que genera la pobreza energética, entre sus medidas.