El Parlamento rumano respaldó este miércoles la investidura del Gobierno de centroizquierda liderado por el socialdemócrata Sorin Grindeanu, que confió en detener la emigración masiva con iniciativas para crear empleo de calidad y mejorar los servicios públicos.

Un total de 295 parlamentarios del Partido Socialdemócrata (PSD) y de los liberales de la formación minoritaria ALDE respaldaron al Ejecutivo en el voto de investidura, mientras que 133 lo rechazaron, en una sesión televisada en directo.

Grindeanu dijo que quería un país "normal", donde "la gente tenga las libertades y los derechos que tienen la gran mayoría de los ciudadanos europeos".

El término "normal" fue el que más pronunció el nuevo primer ministro en un discurso de investidura en el que mostró talante conciliador con las demás formaciones. "Deseo una Rumanía normal donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar para los ciudadanos", subrayó el nuevo jefe del gobierno.

"Queremos inversiones extranjeras, que ofrezcan puestos de trabajo bien pagados para los rumanos", prosiguió Grindeanu.

El nuevo Ejecutivo sustituye al tecnócrata encabezado por el excomisario de Agricultura Dacian Ciolos, que llegó al poder en noviembre de 2015 tras la renuncia del primer ministro socialdemócrata Victor Ponta por las protestas tras la muerte de 64 personas en un incendio en una discoteca de Bucarest.

El PSD venció con el 45 % de los votos en las elecciones del pasado 11 de diciembre con un programa que incluye subidas en los salarios de los funcionarios y de las pensiones, así como transporte ferroviario gratuito para los estudiantes, entre otras muchas medidas sociales. Además, el primer ministro ya ha anunciado que subirá el salario mínimo a partir del próximo mes de 276 a 320 euros, en un país en el que el sueldo medio ronda los 420 euros.

Grindeanu confió en que parte de los tres millones de rumanos -alrededor del 15 % de la población- que han abandonado el país en los últimos diez años para buscar mejores condiciones de vida en otros estados de la Unión Europea (UE) puedan volver.

Rumanía terminó 2016 con un crecimiento previsto del 5,1 %, el mayor de la UE, pero ese progreso no llega a amplias capas de población, especialmente en el entorno rural, donde se concentra el voto socialdemócrata."Rumanía será una país normal cuando los jóvenes encuentren un puesto de trabajo bien pagado", recalcó Grindeanu.

El nuevo jefe de Gobierno es un matemático de 43 años que fue ministro de Comunicaciones de diciembre de 2014 a noviembre de 2015 y ha desarrollado casi toda su carrera en la política local de la provincia occidental de Timis. En esa provincia logró atraer a numerosos votantes del centroderecha desengañados con las luchas intestinas y ha sido elogiado por su capacidad de diálogo y su gestión.

"Soy una persona de diálogo que desea continuar así", afirmó el nuevo jefe del Gobierno en un guiño a las demás formaciones para que colaboren con el Ejecutivo, que está formado por 26 carteras, de las que ocho van a ser dirigidas por mujeres."La primera señal de normalidad pasa por que los políticos respeten lo que prometieron durante la campaña", aseguró Grindeanu para reafirmar que cumplirá con el programa socialdemócrata.

Pese a la amplia victoria electoral del PSD, el líder del partido, Liviu Dragnea, no pudo aspirar a ser primer ministro por una condena por fraude electoral que le inhabilita para el puesto. La primera candidata propuesta por el líder del PSD fue Sevil Shhaideh, quien habría sido la primera musulmana al frente de un Gobierno de la UE. Sin embargo, el presidente, Klaus Iohannis, la rechazó sin dar ninguna explicación sobre el motivo.

Algunos diarios rumanos apuntaron que los servicios secretos advirtieron contra la candidatura de Shhaideh porque su marido, un sirio que emigró en 2011 a Rumanía y trabajó en el Ministerio de Agricultura de Damasco durante 20 años, tiene buenos contactos con el régimen de Bachar el Asad.A pesar de eso, Shhaideh, que pertenece a la minoría tártara musulmana, ha entrado en el nuevo Ejecutivo como viceprimera ministra, encargada del Ministerio de Desarrollo y Fondos Europeos.

El Ministerio de Justicia, que Bruselas sigue con especial atención para evaluar la lucha contra la corrupción, recayó en Florin Iordache, conocido por sus iniciativas contra las investigaciones por conflicto de intereses y corrupción. EL PSD se ha visto salpicado por numerosos escándalos y algunos de sus dirigentes han acusado a la Fiscalía Anticorrupción de abrir causas contra su formación por motivos políticos.