El Gobierno concedió en 2016 un total de 27 indultos, lo que supone la cifra más baja desde que en 1996 se realiza el registro. Un dato llamativo, además, si se compara con años anteriores: en 2011 se concedieron 245 y en 2007, 543, una tendencia que fue a la baja hasta que en 2012, con la llega de Rajoy a la Moncloa, los indultos se volvieron a disparar hasta alcanzar los 534. Desde entonces, sin embargo, se han reducido drásticamente. Un ejemplo de ello es 2015, cuando el Ejecutivo conmutó la pena a un total de 75 personas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la última ronda de indultos del pasado año, otorgados en el último Consejo de Ministros y firmados el 30 de diciembre por el responsable de la cartera de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, 11 hombres y una mujer que se suman a los 13 que ya había concedido el Gobierno en Semana Santa y dos parciales de María Salmerón.

La mayoría de ellos habían sido condenados por diferentes delitos, como contaminación acústica, insolvencia punible, estafa, falsedad documental, lesiones, tráfico de drogas o, el más común, delito contra la salud pública. Todos ellos condenados a penas inferiores a cinco años, salvo un menor de edad que tenía se enfrentaba a doce años de cárcel por tráfico de estupefacientes. De los doce, diez estaban en prisión.

En ningún caso hay indultados por corrupción ni ninguno de ellos corresponde a personas de la vida pública. Solo uno, María Salmerón, la sevillana víctima de violencia de género que cumplió los deseos de su hija de no ver a su padre condenado por maltrato, acaparó la atención mediática. Se le concedieron dos, el último en julio. Ambos fueron conmutador por trabajos en beneficio de la comunidad.

De entre los doce indultados a final de año, se encuentra Gabriel Baños Paisano condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla en marzo de 2012 a cuatro años y un día de prisión por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica y cuya pena se ha reducido a dos años y al abono de las responsabilidades civiles fijadas en dicha sentencia.

El Gobierno ha indultado también a un promotor inmobiliario que estafó en 1999 a varias familias a las que les pedía adelantos para la compra de viviendas en urbanizaciones que nunca construyó. Se trata de José Manuel Magdaleno Hernández condenado el 20 de febrero de 2012 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años y medio de prisión y a una multa de 1.620 euros como responsable de una estafa continuada. Gracias al indulto, la condena se sustituye por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine la Audiencia Provincial.

Por delitos contra la salud pública, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy —aún estando en funciones durante gran parte de ese año— ha conmutado dos indultos parciales. Uno de ellos, el correspondiente a Silvio José Ceballos del Fresno, menor de edad en el momento que cometió el delito, su pena, que ascendía hasta los 12 de años de cárcel, ha sido reducida nueve meses.

El otro agraciado ha sido Ismael Carril Jiménez condenado en 2007 a dos años y seis meses de prisión y a un multa de 361,27 euros. En este caso la pena privativa de libertad pendiente de cumplir será sustituida por dos años de multa y por 30 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Por otro lado, El Gobierno ha perdonado las penas de prisión a Jesús Fernández Losada —condenado a un año y seis meses de cárcel por un delito de lesiones— y Luis Miguel Ramos Llorente —penado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por falsedad en documento oficial,— a cambio de realizar jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Por un delito de falsedad documental también fue condenado Manuel García Sánchez a tres años de prisión y a una multa de 900 euros, pero en este caso la pena ha sido sustituida por otra de dos años de cárcel.

Del mismo modo, las penas de los condenados como autores de un delito de insolvencia punible —Juan Ángel Luengo Cantero, Manuel Ángel Luengo Márquez e Isabel Márquez Molano—, y por un delito societario de administración desleal —Joaquín Vilarrasa Pujol— han sido reemplazadas por otras de dos años de pena privativa de libertad.