El PP no tendrá primarias. A pesar de que dirigentes como la responsable de la gestora en Madrid, Cristina Cifuentes, o la presidenta del partido en Valencia, Isabel Bonig, habían reclamado la instauración de un sistema de elección de cargos por parte de la militancia, la actual dirección va a impulsar una modalidad a doble vuelta que, si bien incluye la participación de los afiliados, otorga ventaja a los candidatos con más apoyos.

Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización de los populares y elegido por Mariano Rajoy para dirigir la ponencia más importante del congreso nacional que los de Génova celebrarán en febrero, la Politíca y de Estatutos, fue el encargado de presentar este martes la propuesta de la actual dirección.

De acuerdo a la misma, los afiliados votarán el mismo día en dos urnas. En la primera irá su papeleta para el candidato a la presidencia nacional, regional o provincial. La segunda será para elegir delegados. Si más de un aspirante supera el 10% de los sufragios, pasará a la segunda vuelta, donde serán los compromisarios quienes designen al ganador. Sin embargo, si una candidatura aglutina más del 50% de los apoyos en 30 de las 60 circunscripciones existentes y lo hace con quince puntos de ventaja sobre el siguiente, será proclamado candidato único y, por lo tanto, vencedor.

El sistema de "mayoría reforzada" responde, según explicó Maillo, a las peticiones de dar voz a las bases de la organización, pero sin copiar "lo que otros han hecho mal". Sin embargo, no es esta la única modificación. Con su aprobación se alargará de 3 a 4 años el período de mandato de cada presidente territorial y se obligará a que los candidatos lleven más de un año en el partido para poder acceder a estos cargos.

Si la nueva modalidad se aprueba en el congreso de febrero, el sistema será de obligada aplicación para los congresos regionales y provinciales; no así para la reelección de Mariano Rajoy, cuya designación se hará por el sistema vigente en este momento, el de los delegados.

A partir de aquí, los militantes quedan al margen tanto en la elección del equipo directivo como en la designación de los componentes del nuevo órgano de control para evitar la corrupción, la Oficina del Cargo Popular, que vigilará el cumplimiento de las normas, pero no podrá expulsar a sospechosos o acusados de cometer delitos. La circunstancia que desencadenará la medida sancionadora será, como hasta el momento, la apertura del juicio oral, no la investigación ni la imputación.

"Seguimos pensando que, por el principio de presunción de inocencia, el momento de apertura de juicio oral es el momento en el cual debemos transformar el expediente informativo en disciplinario y tomar medidas. Eso es perfectamente compatible con los pactos políticos que se han podido hacer en los ámbitos gubernamentales", justificó el vicesecretario de Organización.