El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha acordado el ingreso en prisión de la agente de policía municipal Raquel Gago, condenada a catorce años de privación de prisión por su colaboración en el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014.

Así la ha decido el TSJCyL después de que la pasada semana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimase la petición del fiscal e incrementase en dos años —hasta los 14 en total—, la pena impuesta a Gago, quien se encontraba en libertad.

El incremento de la pena a Raquel Gago responde a su condena por tenencia ilícita de armas, que se suma a la de 12 años de cárcel que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) como cómplice del asesinato.

Entiende el Supremo en su fallo que también es responsable de tenencia por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen. Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó por otra parte las condenas a 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat Ascensión González y a su hija Montserrat Triana Martínez por el crimen de Isabel Carrasco.

Tras conocer la resolución de la sala, el abogado de Gago, Fermín Guerrero, ha informado de que ha presentado un escrito a la Audiencia de León solicitando que el ingreso en la cárcel de su representada se aplace, al menos, diez días, argumentando que se están vulnerando sus derechos constitucionales.

Guerrero ha avanzado que en ese plazo espera poder presentar el anunciado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional así como la petición de indulto al Gobierno.

El letrado ha denunciado que la orden de detención inmediata de su patrocinada que ha recibido la Policía "vulnera" los más "elementales derechos constitucionales", y ha recordado que el auto del TSJCyL no establece ningún plazo para el ingreso en prisión.

Durante la vista del pasado viernes en la Audiencia de León, Raquel Gago hizo uso de su derecho a cerrar la sesión y, con voz entrecortada, expresó su desacuerdo con la decisión del Supremo y anunció que agotará todas las vías legales a su alcance contra la condena que le ha sido impuesta.

Su abogado, Felipe Lozano precisó que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional y además solicitará el indulto al Gobierno.

Gago perderá su empleo como agente de la Policía Local de León después de la sentencia del Supremo, ya que el Ayuntamiento mantenía un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora y conllevará su expulsión del Cuerpo.

En la actualidad, Gago recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos y ahora deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, unos 24.000 euros.

Gago entregó en comisaría el arma con el que Montserrat González confesó haber matado a Isabel Carrasco y explicó que la había encontrado casualmente en su coche, donde supuestamente la había escondido su amiga Triana Martínez sin que ella se percatase.

Tras ocho meses en prisión fue puesta en libertad provisional el 29 de enero de 2015 bajo fianza de 10.000 euros y se le permitió seguir en libertad una vez que el TSJCyL revisase la sentencia a la espera del pronunciamiento del Supremo.