El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9N tras su suspensión por el Constitucional.

En un auto, el magistrado del TSJC José Francisco Valls ha dictado el auto de apertura oral del 9N por dos delitos y ha descartado que los encausados incurrieran en otro de malversación de caudales públicos, como el que plantea la acusación popular y que puede comportar penas de prisión.

Mas se enfrenta en calidad de autor, según petición del fiscal, a diez años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega, como cooperadoras necesarias, a nueve.

Pese a que lo solicitaba la acusación popular, el juez descarta el delito de malversación de caudales públicos, el único que acarrea penas de prisión.

A principios de octubre la Fiscalía española pidió diez años de inhabilitación para Artur Mas por celebrar esa consulta ilegal.

El sustituto de Mas en el Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, del mismo partido, tiene previsto convocar una nueva consulta en septiembre de 2017, que a diferencia de la de 2014 tendría una pregunta directa de "sí o no" a la independencia.

Puigdemont pretende que el Gobierno central español acuerde los términos de esa consulta.