La jueza María Núñez Bolaños ha archivado la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas".

En un auto fechado este mismo martes día 11 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada el pasado 20 de septiembre por la Fiscalía Anticorrupción, que entendía que de las investigaciones practicadas y de las declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción no había quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

La instructora asevera en el auto que, a lo largo de la investigación, "no se ha constatado la existencia de una red clientelar", tal y como afirmaba la jueza Mercedes Alaya en sus autos, ya que el hecho de que "entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo".

La instructora alude además en su auto al "error del que se parte cuando se dice" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "que una subvención no está justificada. Partiendo de dicho error todo lo demás no es sino redundar en nuevos errores", y agrega que "no todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están, el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco".

"Abrir una causa penal por delitos de prevaricación y malversación sobre la base de un fraude o de menoscabo de fondos públicos asimilando los conceptos de fraude o menoscabo al de prevaricación o malversación  es contrario a derecho y al principio de legalidad", argumenta la magistrada en este auto, que no es firme y contra el que cabe recurso.

A su juicio, "investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del derecho penal".

En la pieza del SAE de los cursos de formación, la jueza Núñez investigaba a 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Barrado desarrollada en marzo de 2015.