El Ministerio de Hacienda tiene previsto inspeccionar a los 30.000 contribuyentes que se acogieron en 2012 a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, que permitía aflorar patrimonios ocultos sin sanciones y pagando un tipo único del 10 %.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que se investigarán los patrimonios en el exterior de los 30.000 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) hasta el 30 de noviembre de 2012 y que sacaron a la luz bienes y derechos por importe de 40.000 millones de euros.

El pleno del Congreso ha aprobado este mismo martes por casi unanimidad que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10 % establecido en aquella regularización extraordinaria, puesto que el 30 de noviembre prescriben las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.

La iniciativa parlamentaria presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos ha sido apoyada por todos los grupos políticos. El pleno ha aprobado por 343 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, realizar con carácter urgente una revisión para garantizar los amnistiados tributen según el tipo del 10 %, mientras que también ha aprobado por mayoría anular las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos que suavizaba la amnistía fiscal.

El portavoz de fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha recordado que cuando en 2012 no iban bien las cuentas públicas se subieron los impuestos y se produjo la amnistía fiscal y ha criticado que fuera "injusto y una enorme chapuza", ya que se dieron facilidades a los defraudadores.

Ha recordado que según datos de la Agencia Tributaria se recaudaron sólo 1.193 millones de euros de los 40.000 millones de euros aflorados, lo que supuso un tipo efectivo inferior al 3 % y no del 10 % como establecía el Real Decreto Ley.

Ha urgido a que estas inspecciones se hagan antes de que prescriban las obligaciones defraudadas el 30 de noviembre con el fin de poder recaudar los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.

"Antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, incluyendo a las grandes empresas, hay que exigir la aplicación de la ley", ha asegurado, tras añadir que hay que permitir a los inspectores ir a por los defraudadores.

Desde el grupo parlamentario del PP, la diputada Matilde Asián ha recordado "la cifra récord" que el Gobierno popular ha recaudado en la lucha contra el fraude y ha explicado que los bienes y derechos declarados en el exterior han pasado de representar un 12 % en 2007 a un 31 % en 2015.

Asián ha elogiado que la amnistía fiscal ha permitido el ensanchamiento de las bases imponibles.

El portavoz de Economía del grupo socialista, Pedro Saura, ha incidido en que la ley que aprobó la amnistía fiscal "ha sido una de las páginas más tristes del parlamento español" y ha acusado que fuera un "traje a medida" para los miembros del PP.

El grupo parlamentario del PSOE había presentado una enmienda a la proposición no de Ley de Ciudadanos para pedir que se identifiquen también las personas o sociedades que se hayan acogido a la amnistía, así como la creación de un registro público centralizado de beneficiarios reales y de todas las empresas.

No obstante, estas enmiendas han sido rechazadas por la Cámara Baja.