El Ajuntament de Barcelona ha ordenado el cierre de 615 pisos ilegales durante los meses de julio y agosto, que ha ido acompañado de una multa de 30.000 euros para los propietarios.

De estos, 418 se han detectado por el equipo específico creado de cara al verano para controlar esta actividad y los otros 197 se han identificado con el equipo habitual.

Además, próximamente recibirán procedimientos disciplinarios 32 alojamientos que actuaban como hostales sin disponer de licencia.

La tarea del Ajuntament también se centra en las plataformas de publicidad de estos apartamentos turísticos, como Airbnb o Homeway, que ya han recibido una primera sanción de 30.000 euros y podrían recibir una segunda de hasta 600.000 si no paralizan su actividad.