Recientemente, al enumerar políticas que se verán afectadas por la ausencia de un Gobierno en plenas funciones, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación iba a "perder su vigencia en escasos meses”. Pero aunque el Ejecutivo alerta de esa situación, en realidad, la solución está en sus manos.

Ésta llega en forma de decreto ley. Según informa el sindicato CC OO, el Gobierno en funciones está tramitando un decreto ley para prorrogar un año el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

El sindicato dice compartir la necesidad de esta prórroga para evitar que el próximo 1 de enero desaparezcan las ayudas estatales para vivienda y rehabilitación. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Fomento, más de 570.000 familias se han beneficiado del plan y las ayudas totales ligadas a este plan ascienden a 2.828 millones de euros.

Del total, 239.354 familias han sido beneficiarias de ayudas al alquiler por importe de 1.118 millones de euros y 249.973 reciben ayudas de subsidiación para minorar sus cuotas hipotecarias (775 millones). A esto se suma que 80.709 viviendas han obtenido ayudas a la rehabilitación, por una cuantía de 418 millones de euros.

Para el sindicato, las políticas de impulso del alquiler social y la rehabilitación deben ser "una prioridad para el próximo Gobierno" al constatar con "inquietud" que el dicho plan, "una de las escasas medidas del anterior Gobierno que hubieran tenido efectos positivos sobre la actividad económica, el empleo y las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos, no ha tenido un desarrollo efectivo en estos cuatro últimos años".

En este sentido, CC OO recuerda que apoyó en su momento los cambios legislativos de los que deriva este Plan Estatal y que suponían un cambio de modelo en las políticas de vivienda, al destinar las ayudas públicas al fomento del alquiler social y de la rehabilitación urbana y residencial, además de plantear el objetivo de la creación de parques públicos de viviendas en alquiler.

No obstante, el apoyo estaba "matizado" por las "dudas" acerca de que el Gobierno fuera a dotar estas políticas con los fondos necesarios para un desarrollo rápido y amplio de las mismas. Durante toda la legislatura, y ante la "lentitud" de su puesta en marcha y la falta de las partidas presupuestarias, el sindicato ha venido alertando del peligro de que finalizara la legislatura sin resultados tangibles en este campo.