Según ha precisado Vozmediano, en Castilla-La Mancha hay todavía

unos 8.000 desaparecidos de la Guerra Civil y 143 fosas comunes, de las cuales cien todavía no han experimentado ningún tipo de intervención.

Uno de los objetivos de esta ley es "cerrar la brecha de una vez por todas" en la región, "y sobre todo el dolor que han venido sufriendo muchas familias".

"Esta Ley de Memoria Democrática viene a ampliar la insuficiente normativa nacional que aprobó el Gobierno de José Luis Martínez Zapatero", ha enfatizado el dirigente político.

Por su parte, Ana Navarrete ha definido este proyecto como "una obligación" y "un signo de cultura política". "Esta ley reclama el reconocimiento y restitución para todos los castellano-manchegos que sufrieron ilegalidades", aseverando que durante la Guerra Civil y la Dictadura "se sufrieron desapariciones, campos de concentración, multas, persecuciones personales y torturas".

Para Navarrete, "todo ello requiere promulgar una ley de este tipo, que declare el carácter injusto de todas esas condenas, así como cualquiera de las formas de violencia sufrida".