La dimisión de imputados por corrupción es una de las seis condiciones que Ciudadanos ha puesto al PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, el Pacto Anticorrupción tiene importantes limitaciones, como confirmó este lunes el portavoz de la formación naranja en el parlamento asturiano, Nicanor García.

Como recoge La Voz de Asturias, esta medida solo afectaría a cargos políticos estatales y no podría extenderse a los ayuntamientos ni los parlamentos autonómicos. "Eso sería una pequeña revolución", afirmó Nicanor García, explicando que, por ejemplo, si "Rita Barberá fuera imputada o investigada, tendría que dimitir".

Sin embargo, no podría aplicarse al exalcalde de Oviedo, aunque "eso no significa que no cejemos de denunciar casos de corrupción en los ayuntamientos y en el caso de Caunedo el grupo municipal de Ciudadanos en Oviedo ya pidió en su día su dimisión".

Las negociaciones entre ambos partidos comenzaron con "importantes coincidencias" pero otro de los puntos de fricción importantes sería la retroactividad a la hora de aplicar esta medida.

Por su parte, el Partido Popular también ha puesto restricciones a acatar completamente la petición de Ciudadanos y asegura que únicamente aplicará esta medida anticorrupción si finalmente llega al Gobierno, según publica El Mundo.

Mientras que Albert Rivera desearía que los implicados en casos de corrupción fueran apartados antes de la investidura, el PP considera que no tendrá que cumplir esa exigencia en caso de que la investidura de Mariano Rajoy sea fallida.

La condiciones de Ciudadanos solicitaban la "separación inmediata" de cualquier cargo público relacionado con delitos de corrupción, concretando que se refiere a "los tres primeros meses de la XII Legislatura, a contar desde la fecha de investidura.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ya ha aclarado que para que el documento firmado el pasado viernes entre en vigor "tiene que haber un Gobierno".