Los desahucios bajan un 3,8% en un año, pero todavía 101 familias se quedan sin casa cada día

Los desahucios bajan un 3,8% en un año, pero todavía 101 familias se quedan sin casa cada día

INTENTO DE DESAHUCIO
INTENTO DE DESAHUCIO (PAH)
  • Casi la mitad, 17.939, fueron desahuciadas por decisión judicial.
  • El resto perdieron la casa tras llegar a un acuerdo con el banco.
  • Las daciones en pago se redujeron un 20% y sumaron 13.193.
  • Un total de 29.327 propiedades eran el domicilio habitual.

Más de 36.900 familias, en concreto 36.929, perdieron su casa en 2015, un 3,8% menos que un año antes, principalmente tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que sucedió en 18.990 ocasiones, pero también por decisión judicial, pues hubo 17.939 desahucios.

Según los datos publicados por el Banco de España, el 79,4% de las 36.929 viviendas entregadas en 2015, exactamente 29.327 propiedades, eran el domicilio habitual, un 2,4% menos que un año antes, mientras que las 7.602 restantes eran otro tipo, por ejemplo, segundas residencias.

Se reduce un 20% el número de daciones en pago con respecto a 2014 A pesar de lo dramático de las cifras, si se tiene en cuenta el número total de viviendas en España con hipotecas, que ascienden a 6,38 millones, los 36.929 inmuebles entregados representan un 0,57% del total y el 0,51% si era el domicilio habitual.

En el caso de las familias que perdieron la titularidad de sus primeras viviendas, la mayor parte, unas 15.500, fueron cedidas al banco de forma voluntaria, en 13.193 ocasiones mediante la entrega de las llaves para saldar la deuda, casi un 20% menos que en 2014.

Además, otras 13.827 viviendas habituales fueron entregadas por decisión del juez, un 29,8% más que en 2014, pero 12.925 propiedades ya estaban vacías mientras que las 902 restantes permanecían ocupadas.

En cuanto a las 7.602 viviendas entregadas que no eran domicilio habitual, 2.982 fueron daciones en pago, a las que hay que sumar 4.112 que cambiaron de mano por decisión judicial, aunque de ese número la inmensa mayoría, 3.902 propiedades, estaba vacía

Eso explica que las fuerzas del orden sólo hayan intervenido en total en 14 casos, frente a los 25 de un año antes.

El Banco de España dice que el 82% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedió en 2007 o antes, es decir, previas al estallido de la burbuja inmobiliaria.

De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, que el Banco de España no detalla, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.

Avances en la publicación de los datos

El supervisor publicó por primera vez en mayo de 2013 datos relativos a procedimientos judiciales hipotecarios respecto a viviendas basándose en una encuesta a un conjunto representativo de entidades, si bien manifestó que iba a solicitar regularmente esta información a todas las entidades cada seis meses.

De este modo pasó a publicar los datos de todas las entidades procedentes de un requerimiento mediante circular, aunque desde entonces, sin embargo, se han producido progresos notables en la disponibilidad de la  información sobre ejecuciones hipotecarias.

En especial, a finales de junio de 2014, cuando el INE publicó los primeros resultados de una nueva estadística sobre ejecuciones hipotecarias, una información con una frecuencia trimestral y más pormenorizada, pues por ejemplo ofrece datos desglosados por comunidades autónomas

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona

¿A qué se debe que las cifras registradas sean tan altas? Primero decir que no existen datos cuantitativos ni cualitativos exactos sobre los desahucios porque el Banco de España habla de más de 36.000 y el Consejo General más de 60.000. Y nosotros nos fiamos más de lo que dice el Consejo.

De todos modos, las cifras son elevadas debido a que desde el gobierno no se ha hecho ni una sola política entre los últimos 4-8 años para solucionar el problema. Solo se han hecho 'políticas de titulares' que quedan muy bonitas en los periódicos pero que no son reales y simplemente se hacen para engañar.

¿Por qué hay tanta diferencia entre ambas publicaciones? El Banco de España no contabiliza los desahucios por ocupación, aquellos que son desalojados de sus viviendas y van de piso de alquiler en piso de alquiler y el banco los echa continuamente.

Falta voluntad política y que los políticos dejen de estar al servicio de la banca¿Esperaban un avance mayor en el último año? Los desahucios no han parado de crecer porque la situación laboral se precariza cada vez más. Puede reducirse el número de parados pero a muchas familias que tienen nómina no les da para poder seguir pagando el alquiler. Se toman medidas poco eficaces y no avanzamos por eso y por las trabas del Gobierno, que hasta que no haga algo al repecto, seguiremos así.

¿Qué pasa con las familias que se quedan en la calle? Los desahuciados por hipoteca se quedan con una deuda enorme para toda la vida y los que estaban de alquiler entran en un círculo vicioso: van de piso en piso y de desalojo en desalojo. Es eso o se quedan en la calle, literalmente.

¿Qué medidas proponen ustedes? Hemos hecho varias propuestas de ley, tanto estatales como autonómicas, donde se proponían medidas reales para pararlos pero han sido rechazadas por el Gobierno. Lo que falta es voluntad política y que los políticos dejen de estar al servicio de la banca. Prácticamente todos los partidos están gobernando, no para la ciudadanía sino para otros intereses como las grandes empresas o los bancos.

Por parte del Gobierno, a nivel estatal se han hecho políticas sin voluntad de cambiar y a nivel autonómico ha habido algunas herramientas para pararlos pero todas han sido recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional.

Y entonces, ¿qué opciones les quedan? Nosotros estamos en la calle parando desahucios y presionando a las entidades financieras. Es lo único que podemos hacer para ayudar a las familias que se quedan sin hogar. El procedimiento que seguimos es: primero involucrar a la administración pública y negociar para que se paralice y, si esta medida no funciona, vamos a la puerta a pararlo. Lo último suele ser lo más habitual.

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