El fiscal del Vaticano pidió este lunes tres años y un mes de prisión para el sacerdote español Lucio Vallejo por divulgar material clasificado de índole económica de la Santa Sede en el caso conocido como Vatileaks2.

El promotor de justicia (fiscal) Gian Piero Milano solicitó esta condena ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano después de considerar al monseñor como "personaje principal y motor principal" de un plan destinado a divulgar material reservado vaticano.

La defensa del monseñor español pronunciará este martes su alegato final y la sentencia se espera para el próximo miércoles, cuando previsiblemente se concluirá un proceso que arrancó el pasado 24 de noviembre.

Vallejo, a quien se pudo ver aparentemente sosegado e incluso saludando a algunos de los presentes en la sala, afronta esta posible condena cuando ya ha pasado nueve meses bajo medidas cautelares y actualmente se encuentra en estado de semilibertad.

Se le acusa de revelar información relativa a la comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que era secretario y en la que al parecer conformó un "grupo en la sombra" junto a otra imputada, Francesca Chaouqui.

Para esta ex miembro del COSEA, que acaba de ser madre, el fiscal solicitó la mayor condena del proceso: tres años y nueve meses de prisión al considerarla "inspiradora y verdadero motor" de un esquema operativo dirigido a divulgar información.

Chaouqui acudió con su hijo recién nacido en un carrito, si bien este permaneció en una sala adyacente al tribunal, y salió en varias ocasiones.

Al término de la vista, la décimo octava, y rodeada de los periodistas que acudieron a la misma mostró su incredulidad ante la petición del fiscal, que tildó de "surrealista".

El fiscal además destacó el "censurable comportamiento durante el proceso" de la imputada y el rol eclesiástico de Vallejo.

Por otro lado, el procurador reclamó una condena de un año y nueve meses para el secretario Nicola Maio, excolaborador de Vallejo y de quien dijo que simplemente prestaba "apoyo ejecutivo".

Estas tres personas están imputadas por dos delitos: pertenencia a asociación para delinquir y divulgación de material clasificado, unos cargos que pueden acarrear penas de hasta ocho años de cárcel de acuerdo a la legislación vigente en la Santa Sede.

En el proceso también permanecen imputados los periodistas Gian Luigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, acusados únicamente del delito de revelación de secretos, al publicar en sendos libros el mencionado material proporcionado supuestamente por los otros acusados.