El acuerdo para el cese el fuego bilateral y definitivo anunciado este miércoles por los negociadores de paz del Gobierno de Colombia y las FARC, que incluye el espinoso esquema de desarme de los guerrilleros, es el punto crucial de los diálogos, convertidos en un duelo de ajedrecistas cuando este asunto se abordaba.

No en vano, este apartado ha sido el último debatido en La Habana, sede del proceso de paz, pese a que en la agenda acordada por las partes era el tercero de los cinco puntos sobre los que conversarían.

Así, tras el preacuerdo sobre tierras y desarrollo rural, y luego participación política, se pasó a hablar sobre erradicación de cultivos ilícitos y víctimas, dejando lo que según analistas era lo más complicado para el final.

Y es que el último punto incluye el abandono de las armas por parte de la guerrilla, las garantías de seguridad para excombatientes, lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Después de más de medio siglo de un conflicto que dejó más de siete millones de víctimas entre asesinados, secuestrados, desaparecidos, desplazados, abusados sexualmente y otros tipos de ataques, que la paz se firme en cuestión de días o semanas es un triunfo para los colombianos.

Uno de la mano de otro. Las FARC dejaron claro desde el principio que no dejarían las armas sin tener la certeza de que no les ocurriría lo mismo que a otros guerrilleros colombianos que, tras firmar la paz, fueron asesinados, como le ocurrió Carlos Pizarro, exlíder del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19).

Los subversivos están convencidos, y así lo han expresado en multitud de ocasiones, que su mayor amenaza son las bandas criminales de origen paramilitar, las llamadas bacrim, a las que el Gobierno colombiano no considera actores del conflicto armado, sino crimen organizado.

La guerrilla pidió, por tanto, medidas para que el Estado persiguiera a las bacrim con mayor intensidad, algo que se vio reflejado el pasado mayo, cuando el Ministerio de Defensa expidió una directriz que "permite combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado", incluyendo bombardeos.

Mientras, el Gobierno les pidió un plazo concreto para abandonar los fusiles y menos zonas para concentrarse y dejar las armas, pues la guerrilla pretendía tantos lugares como frentes tienen, más de cincuenta.

Aquí vino el impasse entre las partes que impidió que, tal y como acordaron, firmasen la paz el pasado 23 de marzo, lo que puso aún más en evidencia lo complejo de este punto, que supone que la guerrilla más antigua de América abandone la actividad armada.

Queda por ver este jueves, cuando se desglose el contenido del acuerdo, cuál ha sido el punto medio en el que los negociadores se han encontrado para cerrar el último punto a debatir, con el que concluye el grueso de las negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por delante queda ahora acordar el mecanismo de refrendación de los acuerdos y los famosos "flecos" sobre los que han advertido los analistas después de cerrar cada apartado, es decir, los asuntos puntuales que quedaron sin definir y que deberán encontrar su final antes de que la paz se firme de forma definitiva.

¿Cuándo llegará ese momento? El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se arriesgó este lunes a pronosticar un desenlace feliz el próximo 20 de julio, fecha en la que se celebra la independencia del país, pero en el otro lado el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", afirma que aún quedan cosas por hablar y que poner plazos es dañino.