La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), que investiga la red de fraude de la cadena dental Vitaldent, ha puesto en libertad a Oscar Arteaga, que acapara junto a su hermano Javier el mayor número de franquicias de la empresa en España.

Fuentes jurídicas han informado de que el juez ha estimado el recurso que presentó la defensa de Arteaga contra el auto de prisión por cuestiones médicas.

La Fiscalía acusa a Oscar Arteaga de pagar dinero en mano al propietario de Vitaldent, Ernesto Colmán, para facilitar el blanqueo de capitales y evadir sus obligaciones fiscales, según apuntan las fuentes. En el registro de su domicilio se encontraron más de 600.000 euros en metálico.

Por otra parte, la juez ha citado como investigados a varias personas relacionadas con la cadena Vitaldent que ocupaban cargos de responsabilidad en la empresa. Lo ha hecho dentro de la pieza secreta del procedimiento y a petición de la Policía.

Con la salida de Arteaga, continúan en prisión los cuatro principales implicados en la trama criminal: Colman, el vicepresidente y su hombre de confianza, Bartolomé Conte; la responsable del Departamento de Expansión, Yolanda Copete; y Javier Arteaga.

Todos ellos están acusados de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, estafa, apropiación indebida y delito contable, salvo Copete que lo está de los cuatro primeros delitos.

La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda".

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.