Esperanza Aguirre contestó este jueves a las acusaciones del cerebro de la Operación Púnica, David Marjaliza, asegurando que "nadie" cree que ella esté implicada en casos de corrupción. "No hay nadie que crea que yo soy corrupta o que me haya llevado un duro", zanjó la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Marjaliza relató al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que mantuvo reuniones para lograr la recalificación de los terrenos de El Espartal (Valdemoro) con varios políticos madrileños, entre los que figuraría la expresidenta regional.

Aguirre  aseguró este miércoles, durante un desayuno informativo organizado por Estrella Digital, que estas declaraciones le producen "bochorno, vergüenza e indignación". Aunque no negó el encuentro, se defendió con el argumento de que la palabra de Marjaliza está comprometida, al ser "uno de los, presuntamente, principales delincuentes de la trama Púnica".

"Ha dicho que quizá fueron a ver a Esperanza Aguirre. ¿Y? Quizá fueron a ver a Esperanza Aguirre, es lo que dice, punto (...) La falta de ética está en las personas, pero la publicitación de los casos de corrupción junto a la lentitud de la Justicia es lo que hace pensar a la gente que los políticos son inmunes", lamentó Aguirre.

A la pregunta de si se siente "responsable, concernida y traicionada" respecto a los casos de corrupción que implican a antiguos cargos del PP (la trama Gürtel, entre ellos), Aguirre respondió "sí, sí y sí".

"He asumido mi culpa eligiendo y vigilando; propuse al secretario del partido [en referencia a Francisco Granados, socio de Marjaliza y hoy en prisión] donde el PP no había gobernado nunca, en el cinturón rojo, con una formación académica muy sólida, pero las apariencias hacen pensar que está acusado de cosas muy graves, el juez debe tener evidencias para mantenerlo en la cárcel tanto tiempo", reflexionó.

La declaración de Marjaliza, conocida después de que el juez Velasco levantase el secreto del sumario de la Operación Púnica, forman parte de su confesión ante la Justicia. El constructor está acusado de liderar junto a Francisco Granados una red que sobornaba a políticos regionales a cambio de recalificaciones urbanísticas y adjudicaciones de proyectos.