La Fiscalía ha solicitado penas que suman 26 años de cárcel y multas por valor de 140.400 euros para los representantes de siete empresas de Orihuela, Callosa del Segura y Redován acusadas de realizar vertidos ilegales en el río Segura con anterioridad al año 2002.

El juicio por este caso se celebrará del uno al cinco de octubre en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, y sentará en el banquillo a los representantes de las empresas Congesa, Calzados Plásticos Españoles S.A., Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L, J. Bernabé Díaz S.L., Ahumados Torá S.L., y Baden Tint S.L.

A todos ellos se les acusa de distintos delitos relacionados con la Ley de Aguas, con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y con diversas ordenanzas municipales.

Según consta en el escrito de acusación, los análisis realizados en mayo de 2000 en el río Segura determinaron la salinización de la cuenca hídrica, la "elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc o cadmio y una alta concentración de aceites y grasas".

El río parece un colector de aguas residuales

Para aclarar el origen de estos vertidos que, según el fiscal, hacen que el río parezca un "colector de aguas residuales", se realizaron comprobaciones en distintos puntos que condujeron a las siete mercantiles implicadas.

En Orihuela se investigó a las empresas Congesa, Manuel Mateo Candel S.L., Incovega S.L. y Baden Tint S.L., las tres primeras dedicadas a la preparación de vegetales y frutas y la cuarta al tintado de fibras textiles.

Asimismo, en Callosa de Segura se investigó a la empresa Calzados Plásticos Españoles S.A., y en Redován a las empresas J. Bernabé Díaz S.L., dedicada a la fritura de patatas, y Ahumados Torá S.L., que prepara ahumados y salazones de pescados.

En todos los casos se producían vertidos a distintos puntos del río, algunos con autorización provisional de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Siguieron vertiendo

Esta autorización fue, en todos los casos excepto en el de la mercantil Incovega, revocada, porque no cumplían las exigencias de depuración, pero algunas de estas mercantiles, como Congesa y Manuel Mateo Candel, hicieron caso omiso y continuaron vertiendo sus residuos al río.

En muestras tomadas los años 2001 y 2002, se detectó la presencia de niveles de PH incompatibles con la vida acuática, así como presencia notable de amonio relacionado con el amoníaco, cloruros, fenoles (sustancia procedente de los vegetales y sus residuos) y materia orgánica.

Por ello, el fiscal pide para el representante de la empresa Incovega, J.A.M.C., una pena de dos años de prisión y una multa de 10.800 euros, y para cada uno de los demás, cuatro años de cárcel y multas de 21.600 euros.

Piden el cierre de las fábricas

Además, el Ministerio público ha solicitado el cierre de las fábricas por un periodo de dos años, salvo que la CHS o los ayuntamientos indiquen que han corregido los vertidos y cumplen los parámetros establecidos.

En su escrito, el fiscal solicita el sobreseimiento de las causas en los casos de las empresas Aufersa, Cartonajes Vegabaja, González García Hermanos, que tienen depuradora y vierten con autorización a los alcantarillados de San Fulgencio y Dolores.

También estima que no cabe imputarles ningún delito a los cuatro directivos de la CHS que concedieron autorización provisional a las empresas acusadas.