Empieza el curso escolar con Educación para la Ciudadanía como protagonista

De aquí al próximo 19 de septiembre, más de siete millones de alumnos iniciarán el nuevo curso escolar, en el que empezarán a aplicarse los contenidos de la nueva Ley de Educación (LOE). Sin embargo, todas las novedades que ésta implica parecen quedar eclipsadas por el debate nacional en torno a una única asignatura: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).

Este miércoles, los estudiantes de 3º de ESO de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra serán los primeros en cursar, una hora a la semana, la polémica materia. Por ello, todos los sectores han aprovechado para cerrar filas en torno a sus posiciones respecto de dicha asignatura, y han anunciado cuáles serán sus próximos pasos.

Uno de los principales detractores de EpC, el Foro Español de la Familia, ha pedido este martes a los padres por boca de su presidente, Benigno Blanco, que objeten contra la asignatura. Igualmente, ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si la administración niega el "derecho fundamental" a objetar y obliga a los niños a entrar en las clases, algo que, según él, sería "un delito".

Blanco, que ha afirmado que su organización ya tiene contabilizadas 15.000 objeciones presentadas en toda España, informó también de que el Foro de la Familia recurrirá a la Justicia en caso de que a los estudiantes que no quieran cursar la materia queden penalizados escolarmente y no se les de el título.

A su vez, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció el pasado lunes que se "tomarán medidas" contra aquellos centros que no impartan la asignatura. En esta línea se expresó también el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien afirmó que los centros que incumplan la ley pueden perder los fondos públicos.

La posición del Foro de la Familia, que también comparten la Conferencia Episcopal, la Confederación católica de padres (CONCAPA) y la patronal de colegios privados (CECE), así como por el Partido Popular, es que EpC invade el "derecho de las familias a educar a sus hijos". Por el contrario, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) defiende la asignatura porque, según explica su presidenta, Dolores Abelló, se adecúa a "la sociedad plural, multicultural, heterogénea y cambiante en la que vivimos" y es una materia acorde con los "derechos constitucionales".

Un avance necesario, según Amnistía

Por su parte, Amnistía Internacional ha hecho pública una declaración en la que afirma que Educación para la Ciudadanía es un avance necesario, aunque señala que es sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado español con la ONU y con el Consejo de Europa.

"No olvidemos que esta asignatura es resultado de un compromiso internacional asumido por los últimos dos Gobiernos del PP y del PSOE para la implantación de una cultura de derechos humanos en las aulas, que nos ha permitido incorporarnos a Europa y superarla incluso en el número de horas lectivas en primaria", declaró este lunes Esteban Beltrán, director de Amnistía en España.