El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho público el "compromiso explícito del Govern de dejar sin efectos prácticos las suspensión del Tribunal Constitucional (TC) elaborando una nueva ley que recoja todo lo que está en suspensión" de la ley de pobreza energética.

Es el principal acuerdo al que han llegado este martes representantes del Govern, alcaldes, entidades sociales, partidos políticos y sindicatos reunidos en el Palau de la Generalitay en lo que se denominado 'frente común' para defender los derechos sociales y abordar una respuesta conjunta al recurso del Gobierno ante el TC.

Puigdemont ha garantizado, a petición sobre todo de los ayuntamientos, que se mantendrán los mecanismos para frenar la pobreza energética. "Haremos una nueva ley que recoja lo que está suspendido con argumentos jurídicamente sólidos" ha dicho.

El president ha anunciado que este miércoles se pondrán a trabajar los departamentos del Govern correspondientes conjuntamente con el Consejo de la Abogacía de Cataluña para elaborar "mecanismos útiles, prácticos y seguros".

Un trabajo que será "todo lo rápido que nos permita el reglamento del Parlament", porque ha dicho, los alcaldes "temen que haya una ola de desahucios ante la suspensión del TC, por eso hemos de actuar de forma rápida y coordinada".

"Será un proyecto de ley en lectura única que regulará todos los derechos de los catalanes que el Gobierno central ha querido limitar presentando recursos", ha explicado Puigdemont.

La lectura única es el procedimiento legislativo que recoge el Parlament que permite legislar con más urgencia, y la norma recogerá todo lo relativo a la emergencia social con el objetivo de "dejar sin efectos prácticos" las suspensiones del Alto Tribunal.

Durante la reunión las entidades sociales han presentado una hoja de ruta para dar respuesta de "forma coordinada a la emergencia social". Han recordado que la ley de vivienda 18/2007 del Tripartito permite políticas sociales que no se están aplicando "como por ejemplo sancionar los pisos vacíos".

La Plataforma por el derecho a la vivienda (PAH) ha denunciado que 9 meses después no se han firmado los protocolos con empresas energéticas.

La abogacía catalana se ha sumado a la denuncia ya que, aseguran, el recurso del Gobierno elimina la obligatoriedad de entidades bancarias y grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales a aquellas familias en riesgo de desahucio. Desaparecen también los mecanismos de segunda oportunidad para dejar libres de deudas inasumibles a muchas familias.

Tanto el Consejo de la Abogacía Catalana y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) consideran que la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética tiene plena cobertura constitucional y no vulnera competencias estatales, con lo que han mostrado su "perplejidad" por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ante esta situación, la Abogacía Catalana y el Icab han dado su apoyo al Govern de la Generalitat y sostienen, en un comunicado este martes, que esta ley responde a la voluntad general de la sociedad civil catalana porque fue elaborada a instancias de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y aprobada por unanimidad en el Parlament.

El líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha sido la única voz discordante en la cumbre. De hecho, Albiol ha asegurado antes de entrar en la reunión que "se trataba de un akelarre" en contra del Gobierno español y que él acudía a la cumbre para defender la postura del ejecutivo en contra de la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña.