La jueza María Núñez, que investiga el caso de los ERE, ha citado a declarar como investigados el próximo mes de mayo a seis personas por distintas ayudas concedidas al despacho Estudios Jurídicos Villasís y a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), en relación a su participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword.

Así lo ha comunicado la magistrada en un auto notificado a las partes personadas en el procedimiento, en el que Núñez también ha archivado la causa abierta en febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados —uno ya fallecido— por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos, toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.

La magistrada atiende de este modo la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.

Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la jueza Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que prestaron declaración este miércoles ante el juez Álvaro Martín.

En el auto en el que la jueza archiva la causa por prescripción, se acuerda llevar al proceso como responsables civiles directos "en su condición de partícipes a título lucrativo" a una serie de entidades y personas, "con el fin de que pudieran devolver las cantidades percibidas y recuperar el dinero presuntamente defraudado".

En todos los casos, se trata de ayudas que no exceden la cantidas de 450.000 euros cada una, ascendiendo la de mayor cantidad a 390.657 euros, y la de menor cantidad, a 60.000 euros.

Nueve de los doce implicados cuya imputación ha prescrito han sido citados a declarar como testigos en el caso a lo largo del mes de mayo.