La esclavitud laboral suena a lacra del pasado, a campos de algodón, a remar encadenados a navíos. No encontramos ya en este siglo grandes volúmenes de personas controladas de forma absoluta por otros seres humanos, pero la servidumbre, la coerción y la pobreza hallan siempre un sendero para caminar unidos, sobre todo si les acompaña el lucro económico. Las relaciones laborales es uno de estos senderos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta 2,5 millones de personas son víctimas de trata en el mundo y casi un 60% se realiza con fines de explotación en el trabajo. "Son personas invisibles y ocultas a gran parte de la sociedad", explicó recientemente el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz durante la presentación del Balance 2015 de prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España.

Y es que nuestro país no es una excepción a esta lacra. Las fuerzas de seguridad españolas identificaron en 2015 a 10.835 personas en situación de riesgo de ser explotadas laboralmente. Solo se liberaron a 810 víctimas. En el resto de los casos, las inspecciones no encontraron pruebas fehacientes del abuso, aunque sí se tratara de personas que se encontraban trabajando en lugares y actividades laborales consideradas propensas al abuso.

España es uno de los países que ha ratificado los Protocolos de Palermo para combatir la trata, definida como el reclutamiento y traslado de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza, para controlarlas y explotarlas. La ONU denuncia que mueve 25.000 millones al año en todo el mundo, lo que le sitúa a la cabeza de negocios ilícitos más lucrativos junto al narcotráfico y al comercio de armas.

"Nuestro país es habitual receptor en la trata con fines sexuales, pero en la trata laboral es tanto receptor como país de tránsito", explica Jennifer Zuppiroli, experta de la organización humanitaria Accem. Hasta 1.800 millones se generan en España por el comercio de personas para explotar su trabajo, una actividad que ya supone el 53% del comercio de personas, superando a la prostitución, según la Organización Internacional de las Migraciones. Hasta 15 organizaciones se desarticularon en 2015 en nuestro país, se detuvo a 79 personas y 134 personas fueron liberadas de la red de trata.

La agricultura, la construcción y el trabajo doméstico son el destino principal de las víctimas. Una radiografía sectorial mundial que tiene reflejo también en España: el 28% de los 10.835 identificados por las fuerzas de seguridad del Estado trabajaban en el campo, un área que no requiere cualificación, que suele necesitar mano de obra abundante —en ocasiones se explota a familias enteras— y en períodos cortos de tiempo.

"La mayoría de las víctimas de trata son comunitarias; no cruzan fronteras precisamente", puntualiza Zuppiroli. Las cifras así lo confirman. El perfil del liberado es un hombre de 38 a 42 años de nacionalidad portuguesa (28%) y, en menor medida, china, rumana, lituana y paquistaní. "No extraña que sean portugueses, hay tradición de traerlos para trabajar para el campo", afirma Javier Arrieta, doctor en Derecho Laboral en la Universidad de Deusto.

"La UE presenta economías diversas y las redes desplazan personas de las regiones más pobres a las más ricas", añade Zuppiroli. También la falta de formación y el desconocimiento de la cultura española es un rasgo común. "Los latinoamericanos al menos conocen el idioma, pero los africanos o asiáticos lo tienen difícil para defender sus derechos", asegura Javier Arrieta, que cita casos incluso casos de "discapacitados intelectuales llevados a vendimiar".

La nacionalidad de criminales y víctimas coincide además en la cadena de trata. Los 79 detenidos acusados de trata para explotación laboral —un delito que el Código Penal castiga con hasta ocho años de cárcel— eran rumanos, chinos, pakistaníes, lituanos y españoles. Sus nacionalidades coinciden con las de las víctimas. "Es una cuestión de confianza", dice Jennifer Zuppiroli; "los tratantes captan a sus compatriotas porque la víctima, extranjeros que no hablan español, confían más en las personas de su mismo país".

Y no solo es que confíen en ellos. Es que saben que son explotados. Y no les importa. "Cuando realizamos una redada, el trabajador piensa que le estamos jodiendo el trabajo. Les decimos que son víctimas de explotación y nos responden, ¿y al final de mes quién me paga, tú?", cuenta José Nieto, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Brigada de Extranjería.

Pero no todos los explotados son extranjeros víctima de la trata. La explotación también afecta a los españoles. Y según el jefe policial José Nieto, durante la crisis "se ha producido un incremento" de las víctimas españolas. De hecho, sólo los rumanos (26% el año pasado) superan a los españoles (13%) entre los 676 liberados el año pasado por ser explotados laboralmente.

"La situación económica que estamos viviendo provoca que la gente intente sobrevivir y no denuncian su situación porque saben que se quedarían sin empleo", cuenta Nieto. "Por ejemplo, aceptan los mismos trabajos que tenían antes en la construcción por un 50% menos de sueldo, porque su competencia son trabajadores irregulares que tampoco se pueden permitir protestar".

De todos modos, no todas las personas explotadas laboralmente son víctimas de trata, un proceso más largo que empieza con la captación en sus países y el traslado al nuestro en condiciones de engaño y abuso de poder. Otros muchos son, sencillamente, explotados laboralmente. La OIT eleva hasta a 12,3 millones el número de afectados en todo el mundo.

"La explotación laboral severa está generalizada en la UE en una serie de sectores, pero los autores siguen actuando con impunidad", advirtió el año pasado la Agencia de Derechos Fundamental (FRA) en su primer informe específico sobre esta lacra. La FRA define explotación severa aspectos como trabajar todos los días de la semana por un salario irregular o inexistente, con sueldos inferiores al mínimo, sin contrato o en malas condiciones.

Todos esos casos se producen en nuestro país, especialmente en fincas agrarias aisladas en las que Accem dice haber conocido situaciones anárquicas, sin leyes, trabajadores "en condiciones inimaginables" que viven hacinados en barracones, sin comida ni acceso a servicios. "Y lo hacen con una sonrisa en la boca", confiesa el jefe policial José Nieto. "Muchos no consideran que están siendo explotados porque en su país harían el mismo trabajo, por menos dinero y su jefe incluso les pegaría".

Según la UE, España es uno de los 13 países comunitarios en los que los expertos nacionales —jueces, policía, inspectores y organizaciones de apoyo a las víctimas— percibieron más "casos frecuentes" de explotación laboral grave. Entre dos o más casos a la semana, decía aquel primer informe de la FRA.

España detuvo el año pasado a 267 personas —especialmente españoles, aunque también rumanos, pakistaníes, chinos y marroquíes— por abusar del trabajo de 676 trabajadores. Las víctimas eran sobre todo rumanas (26%) y españolas (13%), pero también las había marroquíes, brasileñas y paraguayas.

Y aquí el género de la víctima cambia. Ya no son hombres, como en la trata. La explotada laboral tiene un perfil femenino, de 28 a 32 años y con los papeles de estancia en regla. La explicación es que los sectores económicos de destino para las víctimas de tratas son actividades de más fuerza física, como la construcción, la minería o el campo. "Muchas mujeres son explotadas en las actividades domésticas", apunta Zuppiroli.

"De todos modos, no debemos confundir la explotación laboral con precarización laboral", explica Arrieta; "la explotación supone vulnerar la libertad a trabajar a través de la imposición de un trabajo y además que  se realice en situaciones ilícitas". Es decir, que se produzca una coacción, como confiscar el pasaporte o contraer una deuda ingente para llegar a nuestro país. Según un informe de Accem, esta deuda sería hasta 2.000 euros para los ciudadanos del este de Europa, 3.000 para latinoamericanos y de hasta 20.000 euros a los asiáticos.

La identificación de las víctimas es complicada. Primero, porque muchos de ellos no se identifican como víctimas y dan por sentado que es el precio que deben pagar por trabajar en España. Y segundo, porque suelen abandonar nuestro país tras finalizar el trabajo sin realizar ningún tipo de denuncias. "Por eso las 10.000 personas que identifica Interior son pocas", asegura Zuppiroli.

Además, el delito de trata aterrizó en el Código Penal hace apenas seis años y el experto Javier Arrieta lamenta que se queda corto al definir la explotación laboral. "El art. 177  prohíbe el trabajo forzoso, la esclavitud o la servidumbre, pero no la imposición del trabajo en situaciones ilícitas", comenta.

Una opinión que comparten desde Accem. "El consentimiento o no de la víctima en la explotación laboral no es relevante porque el abuso de poder ya se ha ejercido antes", dice Jennifer Zuppiroli, que comparte con Arrieta que debería crearse un título en el Código Penal que bajo 'explotación laboral' aborde las dos manifestaciones, tanto la explotación como la coacción. "No podremos prevenir esta lacra si no hemos definido previamente lo que queremos prevenir".

Las mejoras, según el experto, también deben extenderse a la ciudadanía en general. "La sociedad no condena al empresario que explota a inmigrantes irregulares", afirma la FRA. La agencia comunitaria lamenta la falta de apoyo a las víctimas en España. Y considera "cómplice" a nuestro país del fracaso a la hora de actuar contra la explotación laboral grave por los beneficios de explotar a los inmigrantes.

¿Quién denuncia entonces estas situaciones? "Muchas de las operaciones surgen de las inspecciones que realizamos junto a Empleo", comenta José Nieto; "pero es difícil que las denuncias procedan de ciudadanos, a no ser que vean con sus propios ojos cosas extrañas, como 50 personas saliendo de un taller textil clandestino a las tantas de la madrugada".