El director general de Vivienda del Gobierno asturiano, Fermín Bravo, ha criticado este lunes las condiciones de los acuerdos suscritos por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona con el Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como 'banco malo', para poner a disposición viviendas para destinarlas a alquiler social.

Bravo, en una comparecencia parlamentaria y a preguntas de Podemos, ha dicho que él mismo rompió las negociaciones con el Sareb para hacer algo parecido, precisamente por la presencia en el acuerdo marco de determinadas cláusulas que consideró inasumibles.

Ha explicado que una de esas cláusulas determinaba que el Gobierno asturiano tenía que hacerse cargo de las viviendas, de las que la mitad aproximadamente podían estar ocupadas. "Sería el Gobierno regional el que tendría que comerse a esas familias", ha dicho.

Otra de las cláusulas, ha explicado, es que Asturias tendría que estar obligada a reparar las mencionadas viviendas para garantizar su habitabilidad. "Y nuestra prioridad debe ser nuestras 384 vivienda", ha manifestado.

Por esas dos cláusulas, Bravo ha dicho que rompió las negociaciones con Sareb en el mes de noviembre de 2015. Ha revelado que coincidió previamente en un congreso en Alicante con representantes de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y cuando habló del Sareb le llamaron "de todo" y le dijeron que ellos iban a "obligar" que se les diese gratuitamente esas viviendas.

Sin embargo, según Bravo, al final han terminado firmando acuerdos con las mencionadas cláusulas. En el caso de Barcelona, además, con un plazo que dobla al inicial, que era de cuatro años. También ha explicado que en esos acuerdos Madrid incluso tiene que pagar el IBI de las viviendas. Por eso, no ha considerado que sean buenos acuerdos.

Cuando ha sido preguntado por las razones de que Asturias no tome medidas para obligar a las entidades bancarias a forzar que acepten la dación en pago, como sí hacen comunidades como Andalucía, Fermín Bravo ha contestado que ese tipo de medidas que toman desde otras administraciones terminan convirtiéndose en un "laberinto jurídico" y luego resulta muy difícil avanzar.