El exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y seis exediles han asumido este lunes los hechos por los que se les acusa en relación con delitos contra la ordenación del territorio en el caso Goldfinger, sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, a los que no se juzga en este proceso.

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha iniciado este lunes el juicio contra 18 personas, entre las que está también el cerebro de la trama de corrupción marbellí del caso Malaya, Juan Antonio Roca, cuya defensa ha alegado vulneración de su derecho a la libertad, por no haber tenido en casi diez años que lleva en prisión un permiso; y de su derecho a un proceso justo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exregidor ha dicho al Tribunal que "no sólo me conformo sino que como ya he manifestado en otras ocasiones me arrepiento de los hechos cometidos". También ha vuelto a pedir a la Sala que le exima de acudir a todas las sesiones por su estado de salud, aunque la Fiscalía quiere interrogarle.

En el caso de Muñoz, la pena por el delito contra la ordenación del territorio sería de un año de prisión. En cuanto a la pena por fraude, su abogado, Javier Saavedra, ha señalado que aunque se acepta los hechos, en su momento se pedirá a las acusaciones una rebaja de lo solicitado inicialmente, por lo que no se ha concretado.

Su abogado ha dicho que "no se puede tener juicios permanentemente desde 2006 y estamos en 2016 cada 15 o 20 días", porque "no hay nadie que ni humana ni psicológicamente pueda soportarlo". Saavedra ha aludido a las condiciones físicas de Muñoz que "son lamentables", con "un mayor deterioro cada día".

Por su parte, los exconcejales Alberto García Muñoz, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Rafael González, Marisa Alcalá y Francisco Javier Lendínez, todos acusados por delito contra la ordenación del territorio, también se han conformado con los hechos y según las penas acordadas en su día para este tipo delictivo, que serían de nueve meses de prisión para los tres primeros, de 12 meses para los dos siguientes y de 15 meses para el último.

En cuanto a Roca, para el que el Ministerio Público solicita ocho años de prisión por los dos delitos contra la ordenación del territorio, uno de fraude y cohecho, su abogada ha pedido en el trámite de cuestiones previas la restauración de sus derechos a la libertad y a un juicio justo; y ha señalado que su defendido cumple el próximo mes de marzo diez años de prisión durante los que se les ha denegado los permisos tras oponerse la Fiscalía alegando que tenía causas pendientes, "que ella misma ha ido creando sistemáticamente".

Así, ha indicado que el ministerio fiscal presentó varias querellas contra Roca que se han dividido en múltiples causas y "recientemente hay 102 nuevos procedimientos por hechos entre 2002 y 2006".

Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron únicamente los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. —propietaria del chalé de los Connery— y By the Sea —que tenía las fincas colindantes a la anterior—, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú, cuya construcción finalizó en 2005.

Posteriormente, tras varios informes relacionados con el blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habrían intervenido abogados de un despacho marbellí, que están acusados y que representaron los intereses económicos del matrimonio en Marbella.

El instructor acordó dejar al margen en una pieza separada todo lo relativo a la investigación de los Connery y posteriormente decretó el archivo de la causa respecto al actor y decidió continuar la tramitación respecto de su mujer, que ha sido acusada y para la que se ha acordado ya la apertura de juicio, aunque no será juzgada en esta vista oral que comienza ahora en la Sección Octava.

La Fiscalía Anticorrupción alude en su escrito provisional referido a esta causa a las supuestas irregularidades en convenios urbanísticos alcanzados por la Corporación marbellí durante la era del Grupo Independiente Liberal (GIL) y los perjuicios que habrían provocado en las arcas municipales. En concreto se centra en los acuerdos firmados con las sociedades Malibú y By the Sea.

Asimismo, en dicho documento, se hace referencia a las posiciones que tenían tanto Muñoz como Roca en la tramitación y aprobación de los convenios. En el caso del último, se señala que "toda actuación urbanística a desarrollar en esa localidad tenía que contar con el visto bueno del señor Roca", creando una especie de "urbanismo a la carta".

"Era el pacto alcanzado por el señor Roca con los empresarios el que determinaba la utilización del suelo y su medida, así como las contrapartidas económicas a satisfacer a la Corporación por los promotores inmobiliarios", dice la calificación; mientras que Muñoz "se limitaban a ratificar con su firma, de manera automática, pero en todo caso plenamente consciente de su manifiesta ilegalidad", los acuerdos alcanzados.

En el caso de los convenios investigados en esta causa, se indica que la comisión de gobierno del Ayuntamiento en mayo de 2002 acordó conceder licencia de obras al proyecto básico presentado por By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes. Los entonces concejales acusados concedieron estas autorizaciones "con plena conciencia de su ilegalidad", basándose en que las obras se ajustaban a la revisión del PGOU que "nunca fue objeto de aprobación definitiva".

El fin era, según el escrito de conclusiones iniciales, "favorecer económicamente a la entidad promotora", siendo Roca el que "diseñó toda la operación para obtener un enriquecimiento económico propio y de terceros". La nueva configuración urbanística de los terrenos, "que supone un notable incremento en la edificabilidad", se basaba en los acuerdos entre el Ayuntamiento y Malibú y By the Sea.

"Dichos convenios expresan la trama urdida para beneficiar a los dueños de ambas entidades, en perjuicio del Consistorio, mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción inmobiliaria en una zona privilegiada de Marbella", dice el fiscal, quien apunta que dicha "trama fue urdida por el acusado Juan Antonio Roca" y otros tres acusado, abogados y asesores que "gestionaban los intereses de las entidades".

Según la acusación pública, existía una diferencia en la valoración de los aprovechamientos realizada por el tasador municipal, hoy fallecido, y la hecha para el Juzgado, ya que "el Ayuntamiento malvendió la edificabilidad que le correspondía". En una primera estimación, el Tribunal de Cuentas señalaba que debido a las deficiencias en la determinación de los excesos de aprovechamiento y por aplicación de precios no ajustados a los de mercado, el perjuicio para las arcas municipales fue de 2,7 millones de euros.

Asimismo, el fiscal sostiene que "la contrapartida concertada" por Roca con los asesores acusados en la gestión de los diferentes convenios de esta promoción y en la obtención de las licencias necesarias se cifró en 3,6 millones euros y el pago se concretó en la reserva mediante contrato y entrega de dos apartamentos del conjunto Malibú, aunque la detención de Roca por la operación Malaya "truncó la disponibilidad" de los mismos.

Finalmente, el resultado de la explotación de la promoción fue superior a los 53 millones de euros, unos "elevados ingresos que suponían una enorme carga fiscal por lo que los acusados representantes de las sociedades idearon un mecanismo defraudatorio que permitiera evadir el pago de impuestos —como la declaración de pérdidas ficticia—, además de colocar sus ingresos fuera del país a disposición de los socios".