El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reiterado a las autoridades de El Salvador las órdenes internacionales de detención y entrega de 17 de los 20 militares que él mismo procesó en 2011 como presuntos autores, en noviembre de 1989, de los crímenes de varios sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos, Ignacio Ellacuría.

La matanza, en la que fueron asesinados cinco religiosos españoles, otro salvadoreño y una empleada doméstica y una menor también de dicha nacionalidad, tuvo lugar en la Universidad Centroamericana (UCA). A los encausados se les atribuyen ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gente.

El auto, hecho público este martes, explica que, tras el procesamiento hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador decidió poner límites a las órdenes de código rojo de Interpol cursadas inicialmente por el juez español. Solo se localizaría a los presuntos autores, pero no se les entregaría a las autoridades de nuestro país.

Y así fue, pese a que el Gobierno español, vía Consejo de Ministros, realizó una petición oficial de extradición para 15 de los militares. Entonces, dos estaban en paradero desconocido, otro se mostró dispuesto a colaborar y un cuarto estaba en libertad provisional. El vigésimo, el exjefe del Estado Mayor René Ponce, había fallecido.

Hace solo unos meses, en agosto de 2015, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la misma Corte salvadoreña dio un paso atrás. Reconoció, dice el juez, "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de personas perseguidas por la ley".

Así, cuatro meses más tarde, el pasado 16 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia solicitaron de nuevo la reiteración de 17 órdenes de entrega y detención, dejando fuera las de Carlos Camilo Hernández Barahona y René Yusshy Mendoza.

Se pronunciaron a favor de esta medida, además, el Ministerio Fiscal en España y la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos de El Salvador.

Todos ellos, relata el juez, admiten que el asesinato es "una expresión de un crimen de lesa humanidad sin necesidad de la existencia de guerra internacional (...), estando el Estado en cuyo territorio sucedieron los hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden internacional de detención con fines de extradición".

El juez, dado este "giro jurisdiccional", ha dado ya aviso a Interpol y Sirene España, con copia al jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol El Salvador y a la Dirección General de Policía Nacional Civil de ese país. Si se producen detenciones, España ordenará las extradiciones que correspondan.

En 2011, el auto del juez Velasco explicó que la matanza se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista".

Este es uno de los casos que ha sobrevivido a la reforma de la justicia universal promovida por el PP en esta última legislatura. El juez Velasco defendió que la causa por terrorismo sí se ajustaba  a la nueva ley. El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar la matanza, entre otras cosas, porque El Salvador no ha tenido voluntad real de investigar los hechos.