Madrid deroga la ley del suelo y desbloquea las operaciones Calderón y Chamartín

Madrid deroga la ley del suelo y desbloquea las operaciones Calderón y Chamartín

Estación y vías de Chamartín
Terrenos donde se prevé levantar la operación Chamartín, tras el soterramiento de las vías y la estación. (JORGE PARÍS)
  • La proposición de ley ha sido impulsada por Ciudadanos y ha contado con el apoyo del Partido Popular y los votos en contra de PSOE y Podemos.
  • Supone la derogación del artículo 39 de la Ley del Suelo que prohíbe construir más de tres alturas, aprobada por Esperanza Aguirre. 
  • El cambio cuenta también con la oposición de numerosos colectivos vecinales, ecologistas, urbanistas y de protección del patrimonio histórico. 

La Asamblea de Madrid dio este jueves luz verde a la derogación del artículo 39 de la Ley del Suelo que prohíbe construir más de tres alturas en los nuevos desarrollos, aprobada por la expresidenta regional Esperanza Aguirre (2003-2012) en julio de 2007. La proposición de ley ha sido implusada por Ciudadanos y ha contado con el apoyo del Partido Popular y los votos en contra de PSOE y Podemos.

Esta anulación de la norma permitirá desbloquear algunas de las grandes operaciones urbanísticas de la región, como las operaciones Calderón o Chamartín, que implican la construcción de casi 20.000 viviendas, rascacielos y centros comerciales. Estas dos operaciones, ambas en la capital, se encuentran en estos momentos en los tribunales.

La ley ha convertido a los jueces en agentes urbanizadores al anular y paralizar sistemáticamente planeamientos de desarrollo Ciudadanos, impulsor de la proposición, ha sido siempre muy crítico con la ley al considerar que ha generado "un caos urbanístico", favoreciendo ciudades expansivas por toda la región y problemas de infraestructuras. "La ley ha convertido a los jueces en agentes urbanizadores al anular y paralizar sistemáticamente planeamientos de desarrollo. Con la derogación del artículo recuperamos un urbanismo más racional", han opinado desde la formación naranja. En la misma línea se ha situado el Partido Popular: "Tenemos que garantizar un desarrollo sostenible en la Comunidad de Madrid".

Por su parte, PSOE y Podemos se han mostrado en contra al considerar que la ley "hay que modificarla en su conjunto" y que los problemas que se derivan de ella no se solucionan con el cambio de un artículo.

El cambio cuenta también con la oposición de numerosos colectivos vecinales, ecologistas, urbanistas y de protección del patrimonio histórico, que han manifestado su disconformidad a través de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Este colectivo solicitó, sin éxito, a los diputados portavoces de urbanismo de  de Ciudadanos y PP que retirasen la proposición y que no votasen a favor. La plataforma ha considerado la decisión "precipitada e inoportuna" porque va dirigida a "desbloquear grandes operaciones urbanísticas especulativas y se basa en argumentos que no son ciertos". "El artículo de las tres alturas no es el responsable de ninguno de los desarrollos dispersos que se han aprobado y ejecutado en la Comunidad de Madrid", ha añadido.

La Ley del Suelo, que ha sufrido 13 cambios desde su aprobación en 2001, fue modificada en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para limitar a tres alturas más ático las edificaciones de viviendas en los nuevos desarrollos urbanísticos. No obstante, la Comunidad se reservó la última palabra para autorizar la construcción de "edificios singulares cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas". En la práctica, significaba que era el Gobierno regional el que tenía la última palabra a la hora de decidir si un bloque de viviendas podía tener o no más de tres alturas.

Dos proyectos embarrados

Este nuevo escenario facilitará que proyectos embarrados en los tribunales como las operaciones Calderón y Chamartín puedan salir adelante. El proyecto que se desarrollará en los terrenos del Atlético de Madrid contempla la demolición del estadio Vicente Calderón para levantar más de 2.000 viviendas de precio libre y dos rascacielos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó este año cautelarmente el plan urbanístico que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2009. La operación cuenta con el rechazo unánime de los vecinos de la zona, que ya la han bautizado como 'el Manhattan de Arganzuela'. Los vecinos opinan que antes que más viviendas, la zona necesita "un instituto, una biblioteca, un centro de salud, un polideportivo y un centro social".

El desarrollo de la zona de Chamartín, por su parte, volvió a reactivarse en enero después de más de 20 años bloqueado. La operación, en la que se invertirán 6.000 millones de euros, prevé soterrar las vías y la estación de Chamartín, con lo que se dejarían parcelas libres para construir edificios de viviendas (17.000) y de oficinas. El Tribunal Supremo revocó en abril por falta de motivación la sentencia del TSJM, que anuló la operación en 2013 basándose en una norma que impide edificar con altura superior a tres pisos. En junio, el Alto Tribunal madrileño envío la sentencia motivada al Supremo, que ahora deberá decidir. El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha mostrado ahora su intención de seguir adelante con el proyecto, aunque ha abogado por redimensionar la edificabilidad y costes del plan parcial.

Cambios en el legado de Aguirre

La derogación de este artículo de la Ley del Suelo no es la única normativa de Esperanza Aguirre modificada en esta legislatura. Este jueves también se ha aprobado un cambio en la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de 2007 con el fin de eliminar la prohibición de entrada de agentes forestales a montes o terrenos forestales de titularidad privada sin autorización judicial. Además se ha derogado la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, conocida como ley Virus, que se aprobó bajo el mandato de la expresidenta regional en 2012. A esto habría que sumar la eliminación de la normativa (2012) que posibilitaba la extinción de 26 categorías profesionales del Sermas y la privatización de los servicios no sanitarios, la anulación del proyecto del Campus de la Justicia (2004) y la extinción del Consejo Consultivo (2007).

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