El Gobierno de EEUU pidió este viernes al Tribunal Supremo levantar la suspensión que pesa sobre las medidas migratorias que decretó hace un año y frenar la deportación de cinco de los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. El Supremo tendrá la última palabra sobre las medidas migratorias.

En un recurso presentado el viernes ante la máxima instancia judicial del país y al que tuvo acceso Efe, el Gobierno argumenta que retrasar las medidas migratorias provocaría un "daño irreparable" a millones de personas que están a la espera de conseguir un permiso de trabajo o una licencia de conducir.

En base al "irreparable daño que se causará a las familias afectadas por el retraso de la implementación (de las medidas) y la enorme importancia de la cuestión presentada, (el Gobierno) aconseja encarecidamente una revisión del caso", recoge el recurso.

Con su acción judicial, el presidente Barack Obama quiere que se levante la suspensión de las medidas migratorias que decidió mantener hace casi dos semanas una Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos.

Esta coalición de estados, liderados por Texas, fue la que impulsó en febrero el bloqueo de las medidas migratorias del presidente al considerarlas inconstitucionales por, supuestamente, suponer un cambio político demasiado importante como para que actúe sin autorización del Congreso.

Sin embargo, el mandatario argumentó el viernes en su recurso que el plan para "sacar de la sombra" a millones de indocumentados no viola la separación de poderes y tampoco supone un cambio sustancial en las leyes migratorias del país, al ser acciones limitadas en el tiempo y no ofrecer ningún camino hacia la ciudadanía.

"Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ejercido su poder discrecional en una práctica conocida como 'acción diferida' para, por razones humanitarias o simplemente por su propia conveniencia, abstenerse de deportar a unos individuos particulares durante un periodo de tiempo", defendió el Gobierno. Si el Alto Tribunal decide estudiar el caso, se pronunciaría en junio próximo, casi medio año antes de las elecciones de 2016.

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente, ante la imposibilidad de que los republicanos de la Cámara de Representantes sometieran a votación una ley que recibió el apoyo de los conservadores y los demócratas en el Senado en junio de 2013.

Las medidas migratorias impactarán en las elecciones presidenciales y legislativas de 2016 al influir en el voto de 1,5 millones de personas, según un nuevo estudio publicado esta semana.

El estudio, elaborado por el Center for American Progress, un instituto progresista, identifica a este millón y medio de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto como personas que comparten hogar con los posibles beneficiarios del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).

Ese plan dirigido a los padres de los ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente fue anunciado hace mañana un año por Obama y ahora está bloqueado en los tribunales, junto al programa de Acción Diferida (DACA), destinado a los jóvenes que llegaron de niños al país y conocidos como dreamers (soñadores).

"Las demografías cambiantes del país dan a los votantes de color un mayor potencial para influir en las elecciones en estados clave", destacó Tom Jawetz, vicepresidente de Política Migratoria del Center for American Progress, con sede en Washington, y uno de los autores del estudio.

Un total de 6,3 millones de ciudadanos estadounidenses comparten hogar con posibles beneficiarios de DAPA, de los que 5,3 millones son hijos de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera y alrededor de un millón son sus cónyuges, según la institución.

El estudio analiza las tendencias de este tipo de votante -familiar de un posible beneficiario de DAPA- en 36 estados y compara los márgenes que dieron la victoria a demócratas o republicanos en recientes elecciones con la cantidad de estos votantes que residen en cada estado.

Para mostrar su influencia, los autores del estudio ponen de ejemplo el estado de Florida, que Obama consiguió ganar en 2012 por 74.000 votos al entonces aspirante republicano, Mitt Romney.

En 2016, el 80% de ese margen de votantes que dio la victoria a Obama (60.000 personas) podrían ser familiares de beneficiarios de DAPA que viven en Florida, tradicional "estado bisagra", y que tendrían el poder de inclinar la balanza hacia el Partido Demócrata o el Partido Republicano, según indican los expertos.

La influencia de estos votantes seguirá creciendo y, en los comicios de 2020, el número de votantes relacionados con familiares de DAPA podría llegar hasta 85.000 en Florida.

Según las estimaciones del Center for American Progress, los votantes relacionados con beneficiarios de DAPA jugarán un papel central en 2016 en los estados de Florida, Nevada, Colorado, Carolina del Norte, Arizona y Georgia.