La Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un hombre, trabajador del Ayuntamiento de la capital entre 2002 y 2006, por un delito de malversación en concurso con otro de falsedad, al quedarse con casi 10.000 euros abonados en concepto de tasa de ocupación de terrazas. Al acusado, que ya devolvió el dinero, se le impone la inhabilitación para empleo o cargo público por tres años.

Según se declara probado en la sentencia, el procesado era en esos años oficial de recaudador en régimen laboral fijo, adscrito al Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo. Ese departamento tenía entre sus competencias la autorización de la ocupación de la vía por parte de establecimientos de restauración, lo que suponía una tasa que también se liquidaba en dicho servicio.

El acusado, "aprovechando esa situación" y para obtener una beneficio ilícito, bien a través de su ordenador o con el de otros compañeros, "alteraba la hoja de ruta informática de dichas liquidaciones" y las pasaba "con conocimiento de su falsedad" de pendiente de generar carta de pago al momento en el que no se generara ninguna liquidación hasta el año siguiente.

Una vez eso, dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, requería a los contribuyentes para que comparecieran en las dependencias municipales "a fin de pagar las correspondientes liquidaciones, procediendo éstos a entregar dichos importes en efectivo al acusado", quien les entregabas unas cartas de pago falsificadas para justificarles el abono.

El importe defraudado es de 9.613 euros y el acusado reconoció los hechos no sólo en el juzgado cuando declaró como imputado sino también en el expediente disciplinario iniciado en el Ayuntamiento. Además, en febrero de 2008 ingresó en las arcas municipales la cantidad que se había apropiado, incluidos con los intereses generados.

Se le condena por un delito de malversación en concurso ideal con otro de falsedad en documento público, con las circunstancias que atenúan la pena de reparación del daño, dilaciones indebidas y confesión. Además de los dos años de prisión, se le impone la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

En este caso, se celebró una comparecencia en la que la defensa mostró la conformidad con la acusación y el propio procesado, personalmente, se mostró de acuerdo con las conclusiones del fiscal, por lo que no ha sido necesario celebrar juicio, tras comprobar el magistrado-presidente que la pena solicitada se ajusta a la legalidad, así como la correcta calificación del delito.