El Parlament declara el inicio del proceso de independencia con los votos de JxSí y la CUP

El grupo popular en el Parlament, tras la votación de la moción independentista
El grupo popular en el Parlament, tras la votación de la moción independentista
EFE
El grupo popular en el Parlament, tras la votación de la moción independentista

El Parlament ha aprobado este lunes la resolución de Junts pel Sí y la CUP a través de la que la cámara catalana ha declarado "el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república". El resto de grupos parlamentarios, C's, PSC, PPC y Catalunya Sí que es Pot, han votado en contra.

Uno de los puntos destacados del texto aprobado es el que avisa que el Parament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español y, en particular, del Tribunal Constitucional.

La resolución también establece la apertura de un proceso constituyente "no subordinado" y detalla los temas c0n los que el futuro Govern solo cumplirá la legislación catalana. La resolución aprobada "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república".

Y avisa que el Parlament y el "proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del estado español", en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de 2010 contra el Estatut.

Mayoría soberanista

La declaración, de nueve puntos, constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27-S "se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña sea un estado independiente y con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado". En este sentido, declara el inicio del proceso de creación del estado en forma de república, que partirá de un "proceso constituyente, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana".

Asimismo, reclama al ejecutivo catalán que adopte las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones, y apuesta por iniciar en 30 días la tramitación de tres leyes básicas para la desconexión: la del proceso constituyente, la de la seguridad social y la de hacienda pública.

El último punto de la declaración remarca la "voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república", y así lo pone en conocimiento del estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional.

También se ha aprobado el anexo de la resolución de JxSí y la CUP que concreta algunos de los temas en los que el futuro Govern solo cumplirá la legislación catalana. Por ejemplo, pondrá en marcha las medidas de la ley contra la pobreza energética, suspendida por el Tribunal Constitucional; no aplicará la llei Wert; dará apoyo a los ayuntamientos para que no apliquen la LRSAL; facilitará asilo "al máximo número" de refugiados, más allá de las decisiones del gobierno español; y renegociará la deuda de la Generalitat para reducirla.

Según la resolución aprobada, el futuro Govern también garantizará el realojo de las personas desahuciadas; evitará que nadie se vea privado de la cobertura sanitaria sea cual sea su origen y clase social; desobedecerá parte de la ley de seguridad ciudadana; y se regirá por la ley catalana de igualdad efectiva de mujeres y hombres para regular el derecho al aborto.

Rechazado el referéndum pactado

El Parlament ha rechazado una propuesta de Catalunya Sí que es Pot que apostaba por un plan de rescate y un referendum pactado con el Estado. Esta resolución se ha votado en bloque y ha obtenido el voto en contra de todos los grupos parlamentarios menos la CUP que se ha abstenido. Concretamente, el texto presentado por CSQP pedía la presentación urgente de los presupuestos de 2016 y que estos priorizasen un "plan de rescate ciudadano" con las políticas y los recursos necesarios para encarar la "situación de emergencia social".

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